Sustituyendo el futuro
Por Bruno Pedro De Alto
Cuando el actual Gobierno Nacional de la Alianza Cambiemos, asumió en 2015, tomó como simbólica medida de continuidad o política de Estado, la designación como Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva al que venía desempeñándose en el cargo desde el gobierno anterior. Muchos sectores políticos y de la ciencia y la tecnología advirtieron que ese continuismo no garantizaba “mantener” lo hecho, y menos, darse un proceso de perfeccionamiento y desarrollo.
Una síntesis de todo el daño realizado en materia de Ciencia y Tecnología bajo la presidencia de Mauricio Macri y del devenido a Secretario Barañao está contada en el excelente artículo de la Comisión de Políticas de Innovación, Ciencia y Tecnología del Instituto Cafiero (http://institutocafiero.org/2018/09/24/declaracion-ciencia-tecnologia-cafiero/).
Poco se puede esperar ya de esta fracasada experiencia de la derecha vernácula. Es hora de plantear estrategias y acciones, en el marco de un gobierno nacional y popular que vaya a instrumentar a partir del 2019 un plan de desarrollo, es decir un plan económico basado en un alto grado de autonomía tecnológica y la concurrencia de la ciencia y la tecnología para la competitividad industrial, el desarrollo de las economías regionales y la resolución de graves problemas endógenos como la vivienda, la alimentación, la contaminación, etc.
Ese plan de desarrollo reconoce al Estado como actor determinante. El rol como planificador, orientador, y protagonista. La producción tecnológica y la innovación son políticas propias que señalan el camino y un destino, que necesariamente incluye a los sectores productivos privados. El entramado productivo involucrado es esencialmente nacional, pyme y federal.
El recordado Aldo Ferrer, señalaba la importancia de nacionalizar la producción nacional, como factor de desarrollo, pero al mismo tiempo advertía que solo formular una estrategia de “substitución de importaciones” es una formulación incompleta, que la estrategia de desarrollo es mucho más abarcadora que ello:
Es indispensable abandonar el viejo concepto de <sustitución de importaciones>, que implica reemplazar importaciones actuales por producción interna, mientras se acrecientan, en mayor medida, las importaciones de los nuevos bienes y servicios resultante del incesante progreso técnico. Esto desemboca, como lo revela la experiencia argentina, en la brecha creciente del comercio de manufacturas de origen industrial y la restricción externa. No alcanza con sustituir el presente, es preciso sustituir el futuro con talento argentino. Es preciso confrontar al empresariado argentino con el desafío de desarrollar las actividades en la frontera del conocimiento.
El Estado tiene la responsabilidad fundamental de crear los espacios de rentabilidad y el contexto que orienta a la iniciativa privada al proceso de transformación. El empresariado argentino es, en definitiva, una construcción política[1].
El Estado y sus políticas en Ciencia, Tecnología y Desarrollo operarán sobre sobre un proceso interno, el desarrollo tecnológico; y un proceso externo, la apropiación, el uso. Ese proceso externo es la innovación propiamente dicha.
La novedad en Argentina, deberá ser lograr un modelo más refinando desde lo económico. Aparte del mayor involucramiento de la inversión en desarrollo tecnológico e innovación el sector privado, el Estado estará presente como inversor, financista, socio, y comprador. Distintas modalidades de la misma estrategia general: el desarrollo nacional por la vía tecnológica.
Vamos aponer la lupa, en este artículo, al poder de compra del Estado. No será el ya conocido “compra nacional”. Se trata de acatar las sugerencias de Aldo Ferrer, e inspirarse en las experiencias de países que seriamente recorren el camino del desarrollo por la vía tecnológica.
La modalidad de compras públicas de tecnología se ha venido observando, en estos últimos años, en EEUU; Unión Europea, Israel, Japón, Corea, y Brasil. Vamos a desarrollar aquí, la idea para que pueda ser implementada como acción concreta en Argentina a partir del nuevo gobierno que asumirá en 2019.
Compras Públicas de Tecnología para la innovación (CPTi).
Las compras públicas de tecnología de innovación son consideradas como políticas activas de competitividad por innovación. La misma se presenta de diversas maneras operativas, pero siempre expresan la voluntad del Estado en fomentar la innovación del sector privado, con expreso apoyo económico.
Se conoce como compra pública de tecnología para la innovación (CPTi) cuando una entidad pública aprueba un pedido de un producto o sistema que no existe en ese momento, pero que puede desarrollarse probablemente en un período de tiempo razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador.
Este mecanismo apunta a reducir el “gap”, o vacío financiero que existe entre las inversiones para ciencia y tecnología, que hace usualmente el Estado, y las inversiones finales para el producto, cuanto más comercializable, mejor; que hacen los privados. En ese gap se ubican la investigación aplicada, los desarrollos tecnológicos, los prototipos, las primeras unidades, la puesta a punto, etc.
De esta manera se deja sin financiamiento a soluciones tecnológicas de potencial utilidad e interés. Muchas de ellas implicarían avances importantes en sensibles segmentos para la sociedad y el Estado: como salud, medio ambiente, comunicaciones, seguridad, transporte, vivienda, etc.
Con esta práctica, el Estado compra productos nuevos, que han tenido tiempo para desarrollarse y financiamiento para sus primeras series industriales y comerciales, facilitando, además, al mercado en general, dado que éste también puede beneficiarse con dichas innovaciones.
Las compras públicas son sujeto de controversia, sin duda. Por su volumen están expuestas a debate: o son instrumento de desarrollo, influidas por voluntad política, como son los casos de orientar las compras a empresas nacionales, a pymes, y compras sustentables e innovadoras; o instrumentos para el funcionamiento del libre mercado, donde se compra solo por calidad y costo, incluso favoreciendo licitaciones internacionales.
El Presupuesto Nacional del año 2018, en los rubros que son fundamentalmente compras de servicios, productos e insumos, sumó unos $ 152 mil millones ($ 90 mil millones de gastos corrientes no remunerativos y $ 62 mil millones de gastos de capital no financieros). Aplicándole a través de una ley o decreto una orientación hacia las compras públicas, de manera gradual hasta u 4% en cuatro años – cifra que es usual en los países donde existe la práctica – se concentra para promover innovaciones un monto anual de $ 6 mil millones llegado al cuarto año, medido a valores actuales.
Comparado con el presupuesto 2018 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica[2], del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que alcanza a los $ 2 mil millones, las CPTi serán, sin duda, un aporte significativo del Estado a la innovación nacional.
Si se optara, tanto a nivel nacional o provincial, por leyes que regulen las CPTi, esas iniciativas deberían contemplar por cada jurisdicción, estos puntos relevantes:
- Las modificaciones a las legislaciones de contabilidad y reglamentos de contrataciones del Estado vigentes.
- Creación de comités técnicos – asesor de compras públicas de tecnologías de innovación.
- Creación de comités técnicos – administrativos de compras públicas de tecnologías de innovación.
- Creación de fondos consolidados y específicos para compras públicas de tecnologías de innovación.
Las modificaciones a las leyes y a los reglamentos deberán reconocen la figura de “compra pública de tecnología de innovación”, y le asignarán la modalidad de contratación directa, con importe límite equivalente a licitación privada. Pueden darse de dos maneras: como contratos de colaboración pública privada para la compra de bienes y/o servicios de innovación; o también como contratos de servicios de I+D. También se deberá crear el concepto “diálogo de innovación” que es un intercambio de información con el o los oferentes para definir el esquema contractual entre el órgano de contratación y quien o quienes deben producir la innovación.
Es muy importante destacar que la novedad es que se comprará a través de definiciones de funciones, no productos conocidos. Se sabe lo que se necesita, no como se lo va a resolver. Esto en gran medida es la fuente de la creatividad y la innovación. La demanda será hacer algo de manera más económica, rápida, menos contaminante, etc. no se compran productos existentes, sino nuevas soluciones.
El comité técnico – asesor de compras públicas de tecnologías de innovación, será la correa de transmisión entre los actores principales del sistema. Tendrá como función promover y difundir el sistema de compra públicas de tecnologías de innovación a crear, relevar y canalizar demandas de tecnología de innovación en el seno de cada Estado Nacional o Provinciales, y asesorar y colaborar con el organismo demandante durante el proceso de definiciones y compra. Está conformado por representantes del Estado, institutos tecnológicos, universidades, y cámaras empresariales.
El comité técnico – administrativo de compras públicas de tecnologías de innovación, será el reaseguro para el uso de los recursos públicos en un sistema que opere en un marco de transparencia, legalidad, precios justos, y mejor valor. Estará conformado por representantes de los órganos de control administrativo, de representantes de asociaciones de defensa del consumidor; y representantes empresariales.
La iniciativa reconocerá solo como oferentes a consorcios públicos privados, formados una o varias empresas privadas, asociadas a uno o varias instituciones públicas del sistema científico – tecnológico nacional.
El fondo específico general se constituye en un 80% equivalente de los gastos en compras de servicios, productos e insumos del presupuesto público total de cada jurisdicción; y en un 20% con presupuesto de cada organismo comprador, de los gastos en compras de servicios, productos e insumos del presupuesto. Este fondo, como ya se dijo más arriba, se constituirá gradualmente, destinando un consolidado del 0,5% el primer año, 1% el segundo, 2% el tercero, y 4% el cuarto.
Tanto la ley, como los comités y el fondo, son pensados para en ámbito de un recuperado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.