LOS PROTAGONISTAS DE LA FUGA

Por Horacio Rovelli

Marzo 9, 2025

Cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la deuda bruta nacional era de 240.665 millones de dólares, de los cuales casi el 60% era intra sector público; estaba en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc., por lo que la deuda con los organismos internacionales de créditos (BID, Banco Mundial, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, FONPLATA, etc.), que financian básicamente obras públicas, y con los bonistas (colocación de títulos del Tesoro de la Nación en los mercados de valores), no superaba los 96.400 millones de dólares.

Según el último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación, al 31 de enero de 2025, dicha deuda pasó a ser de 467.788 millones de dólares, principalmente con el FMI (con un acuerdo firmado el 18 de junio de 2018 en el gobierno de Macri) y con el capital financiero con base en Manhattan (por ejemplo, Larry Fink, CEO de BlackRock, referente del capital financiero de Nueva York, que vino por primera vez a la Argentina en octubre de 2016, por una audiencia que le concedió el Presidente Macri en la Casa Rosada ^[1]) .

La pregunta obligada es si aumentó tanto la deuda bruta nacional, en qué se gastó. El puerto de Rosario sigue siendo administrado por una UTE (unión temporal de empresas), el río Paraná se concesiona y se lo denomina hidrovía, seguimos sin tener una marina mercante de bandera, el déficit habitacional aumentó en ese lapso y no se construyeron nuevas viviendas, etc.

La deuda pública la contrae el Tesoro de la Nación, pero salvo los pagos de intereses y capital de deuda, la mayor parte se emplea para pagar gastos que son en pesos: jubilaciones y pensiones, salarios a las Fuerzas Armadas y de seguridad (más de la mitad de las erogaciones en remuneraciones de la Administración nacional), al resto del personal público, transferencias y subsidios, licitaciones y contratos, etc., que son en pesos. Así, el Estado le vende los dólares que tomó en deuda externa al BCRA a cambio de pesos. Y el BCRA, en lugar de conservar esos dólares, los vende al tipo de cambio oficial a los bancos, y estos los compran para sí o para sus clientes.

Endeudamiento y fuga de capitales

La deuda pública nunca fue investigada, cuando había (y hay) pruebas fehacientes de doble contabilidad de las empresas y de las personas que compraron esas divisas a los bancos.

Con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demostró que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares, prácticamente el incremento del endeudamiento fiscal nacional de ese gobierno.

Es más, ese informe sostiene que en total 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares (que son empresas) adquirieron 24.679 millones de dólares. Nunca el BCRA reveló quiénes son esas 100 firmas, pero sí lo hizo El Cohete a la Luna en su nota titulada “Los 100 de Macri” del 24 de mayo de 2020.

Esa lista de los principales compradores de divisas se debe cotejar con las memorias y balances que publican anualmente las empresas. Estamos hablando de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros, esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de las firmas, dado que en esos años fue legal su adquisición, ya que en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes, para pasar a ser de 2.000.000 de dólares. En mayo de 2016, el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.

El senador Oscar Parrilli (exp. 0016-S-2022) presentó en el año 2022 un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Senadores y que tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Cámara de Diputados, y que nunca fue llevado al recinto para su tratamiento. En este propone la creación de un fondo nacional para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con recursos provenientes de la investigación pertinente, y gravar y multar a quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias legales y/o se beneficiaron manifiestamente del acuerdo contraído ilegalmente con el FMI por el gobierno de Mauricio Macri y con posterioridad.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hicimos un estudio de los balances de gran parte de esas 100 empresas y ninguna de ellas pudo demostrar en sus estados contables de dónde obtuvieron el dinero para comprar las divisas. Estudio que conoce el senador Oscar Parrilli y que motivó el proyecto de ley.

El Congreso de la Nación

Todos sus miembros pueden recitar de memoria el art. 75 de la Constitución nacional, donde expresamente se afirma que es al Poder Legislativo al que le compete arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, y aprobar o rechazar tratados y concordatos con organizaciones internacionales como es el FMI.

Sin embargo, el Presidente Milei decide informar en un comunicado oficial del día 6 de marzo de 2025 que va a enviar un pedido de apoyo del Congreso de la Nación a su tratativa de un nuevo acuerdo con el FMI. No el acuerdo, sino que el Poder Legislativo apoye la negociación de su gobierno con el FMI.

El gobierno, según dejó trascender, acuerda con el FMI una ampliación del crédito vigente y solicita un refuerzo hasta alcanzar los 20.000 millones de dólares. El problema se centra en que el gobierno no cumplió en el IV trimestre de 2024 con el incremento de las reservas internacionales netas del BCRA. Y para que le amplíen el crédito, debe cumplir con una serie de condiciones que el mismo gobierno de Javier Milei se niega a dar a conocer al Congreso de la Nación.

Las condicionalidades del FMI no se hicieron públicas, pero son fáciles de prever. Van a exigir que aumenten las reservas internacionales a como dé lugar: levantar programas enteros de salud o educación, paralizar la obra pública o, peor, privatizar el gasoducto Néstor Kirchner que fue financiado por el erario público, por ejemplo. No interesa el cómo, solo el objetivo de que la Administración nacional obtenga un superávit primario que le permita comprar las divisas que trimestre a trimestre exige el FMI.

La ministra Silvina Batakis y la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, se reunieron en julio de 2022, junto al director ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, y le plantearon a la ministra argentina que el país debía volver al sistema de capitalización previsional, lo que obviamente no aceptó.

El gobierno de Milei, al dictar a fines de marzo de 2024 el DNU 274/24, que cambió la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609 de principios del 2021, para impedir que los haberes jubilatorios se recuperen a los niveles de ese año, contó con la complicidad del Congreso, que consintió que se anulara una ley con un decreto.

Es más, a partir del próximo 23 de marzo de 2025, los trabajadores que no cumplieron con 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán jubilarse debido a que ese día llega a su fin la moratoria vigente desde marzo de 2023, que el gobierno de Javier Milei decidió no extender. Se estima que son 250.000 personas que no se pueden jubilar pese a cumplir la edad. El fin de la moratoria implicará que siete de cada 10 adultos mayores que acceden a su jubilación a través del Plan de Pagos de Deuda Previsional que se puso en marcha durante 2023, ya no podrán hacerlo. Como compensación, algunos de ellos percibirán la PUAM siempre que demuestren condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, para cobrar una pensión no contributiva a la que se puede acceder a partir de los 65 años de edad, que en marzo de 2025 es de 223.297,36 pesos, a la que se le suma el bono mensual de 70.000 pesos.

Finalmente desfinancian el sistema previsional cuando eliminan el impuesto PAIS del que el 65% de su recaudación iba al SIPA (Sistema Previsional Argentino) y el 5% al PAMI. Y ahora buscan eliminar el impuesto al cheque (débito y crédito bancario) que en su totalidad financia a la ANSES.

El FMI en su informe sobre la Argentina de 1998 afirmó: «Las autoridades (Menem y Roque Fernández) han acordado convertir al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima durante 1999, como paso previo a su privatización».

El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que es un enclave dentro del derecho argentino, con prerrogativas de menores impuestos, fue, sino sugerido, apoyado por el FMI, en connivencia con los grupos económicos locales que soñaban asociarse con multinacionales para acceder al financiamiento externo, después de haberse endeudado bajo Macri y haber cancelado parte de esa deuda gracias a los dólares baratos que les facilitó el autodestructivo gobierno de Alberto Fernández. Ahora, el capital local se da cuenta de que ocupan un rol muy menor y que el capital financiero en Manhattan va a querer cambiar los títulos de deuda por patrimonio nacional casi sin tenerlos en cuenta.

El ministro Luis Caputo, el 18 de junio de 2018, reemplazó en la presidencia del BCRA a Federico Sturzenegger. El 22 de junio de 2018 ingresaron al BCRA 15.009,7 millones de dólares (ingresaron en dólares billetes que vinieron en avión de las oficinas de Washington del FMI, que se contabilizaron por 10.613,7 millones de DEGs), y el 25 de septiembre de 2018 Caputo debió renunciar a la presidencia del BCRA, por pedido expreso del FMI, porque había vendido (dilapidado sería la palabra correcta) la totalidad del primer tramo del crédito concedido (los 15.009,7 millones de dólares). Sin embargo, ahora se muestra eufórico por el nuevo préstamo del que dice seriamente: “Están definidos el programa y el monto. Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”. Sin embargo, evitó confirmar cuál es el monto acordado y las condicionalidades del nuevo crédito, ya que dijo que “de momento es confidencial”.

En síntesis

Todos los legisladores nacionales (no solo unos pocos) deberían saber el art. 29 de nuestra carta magna: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.