LA CAMPAÑA DEL CAMBIO

Redacción Canal Abierto

Junio 29, 2023

En las últimas horas, en la provincia de Jujuy se sucedieron una serie de allanamientos y detenciones no ajustados a derecho, con policías sin identificación, con apremios ilegales y violencia. Es evidente que lo que no logra establecerse por mecanismos democráticos, el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, quiere forzarlo a los palazos y criminalizando a los jujeños. La Pax cambiemita.

Marcos Domínguez

Uno es el caso de Marcos Antonio Domínguez, un joven de 18 años con discapacidad motora, y su novia Belén Ontiveros, de 17. El joven había sido detenido el 20 de junio tras la represión desatada tras la protesta popular y las razzias lanzadas a los barrios de San Salvador para escarmentar a la población. Su caso tomó relevancia cuando su madre,  frente al Penal de Alto Comedero, denunció ante las cámaras de C5N que sus dos hijos, uno con una condición autista y el otro con una discapacidad motora habían sido arrestados y maltrados. Marcos estuvo preso hasta el día 23 y denunció apremios, golpes y torturas.

El 28 de junio a la 1.30 de la madrugada, un grupo de diez efectivos de infantería con armas de fuego largas y otros de civil, uno con una pechera que decía narcotráfico, todos sin identificación, ingresaron violentamente al domicilio del barrio Coronel Arias de San Salvador, sin pedir permiso ni autorización. Redujeron a todos los miembros de la familia que se encontraban viendo TV, los esposaron y obligaron a los padres del joven, Marcos Antonio Domínguez y Judith Alvisu, a tirarse al piso.

Alegando flagrancia se llevaron detenidos sin orden judicial a Marcos y Belén, secuestraron dos motos, un auto, los celulares de todos los presentes y una suma de dinero que la familia estaba ahorrando para la operación del oído de un sobrino. Ingresaron un perro para buscar drogas e hicieron desnudar a toda la familia con el mismo fin. Luego de la requisa, pusieron sobre la mesa una bolsa que decían contenía pasta base.

La abogada Alejandra Cejas y Marcos Domínguez (padre) presentaron un habeas corpus y solicitaron a la justicia protección para el joven y su familia. Los efectivos “no mostraron acta o papel alguno, ni nombre de juez alguno. Esposaron a todos los miembros de la familia, menos a Domínguez padre”, detalló la letrada en la presentación.

Por Milagro

En la mañana de este jueves 29 de junio, otro operativo allanó el domicilio en que cumple prisión domiciliaria Milagro Sala. La dirigente de la Tupac Amaru, detenida desde el 16 de enero de 2016, a los pocos días de asumir Gerardo Morales, intentó ser vinculada por el gobernador y sus laderos como promotora de los hechos de protesta de las últimas semanas originados por la reforma inconstitucional e impopular y por el conflicto salarial con los docentes.

Miguel Ángel Rivas, fiscal de Estado de Jujuy, pidió esta semana que la dirigente social sea trasladada a una cárcel común para cumplir lo que le resta de la condena a 13 años de prisión que le impuso un tribunal local. El funcionario sostuvo que “corresponde el cumplimiento de la condena confirmada en cárcel común, con el objeto de respetar el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de la Nación argentina”, y recordó que la condena por el delito de “asociación ilícita” fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Es evidente que cuando las papas queman Morales precisa echar mano del “cuco” de la Tupac y su dirigente para embarrar la cancha.

Criminalización judicial, esa herramienta tan preciada

La abogada Alejandra Cejas, defensora de varios de los detenidos el día de la represión a las protestas por la aprobación de la reforma inconstitucional, recibió la citación a audiencia de imputación de cargos para el 30 de junio para: Claudia Sarapura, Andrea Claudia, Elsa Ochoa, Juan José Flores, Néstor Mendoza, Brian Zubelza, Daniel Salaveron, Nahuel Cruz, Víctor Cámara, José Manuel Espada y Sebastián Anaquín.

Colectivos artísticos de la provincia denunciaron que, también en la madrugada del 28 de junio, la actriz y bailarina Camila Müller fue agredida físicamente en su domicilio por tres sujetos sin identificación (dos mujeres y un varón) y con barbijos. Ingresaron violentamente al domicilio de la docente y artista que se encontraba sola y, sin mediar palabra, la redujeron y la agredieron física y psicológicamente. Antes de retirarse le dijeron que “tenga cuidado con los piqueteros, ya que se le pueden meter en la casa”.

La bailarina, la tarde previa a este hecho, subió historias a sus redes denunciando que una camioneta la seguía: la vio en la parada de colectivo de su barrio y en la del predio de la Universidad Nacional de Jujuy donde trabaja.

Estos hechos de terrorismo estatal, se acumula a una larga serie de ilícitos que viene cometiendo el gobierno provincial. “Tanto en la represión a las Comunidades Originarias en la localidad de Purmamarca el 17 de junio, como en la brutal represión de San Salvador de Jujuy del 20 de junio pasado se documentó la inhabilitación de señales de telefonía móvil donde se ejecutaban operativos represivos, con el fin de evitar la comunicación y la divulgación de imágenes en vivo; el secuestro en la vía pública realizado por supuestos policías, que se trasladaban encapuchados y sin identificaciones en camionetas sin patentes, los allanamientos y detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales en innumerables domicilios de la capital jujeña, la destrucción de propiedad privada (vidrieras de comercios y vehículos automotores, etc.) efectuados por efectivos de civil que actuaron impunemente, en cercanías de sus colegas uniformados, mientras estos últimos ni siquiera atinaban a detenerlos, todos actos de enorme gravedad institucional”, enumera un comunicado de la Multisectorial contra la Reforma Constitucional.

Fuente Canal Abierto