JUBILADOS Y REPRESIÓN: LA ALARMANTE DISPARIDAD QUE INDIGNA
Fotos Gustavo Molfino
Por Sofía Perrone
Mayo 18, 2025
Cada miércoles, las calles del Congreso se convierten en el escenario de una contradicción inquietante: jubilados que luchan por una vida digna, mientras el Estado destina cifras
millonarias en las fuerzas seguridad para reprimir las manifestaciones.
La jubilación mínima en Argentina ronda los 296.000,- pesos, acompañada de un bono extraordinario de 70.000,- pesos. Sin embargo, los operativos policiales desplegados durante las manifestaciones en el Congreso alcanzan gastos millonarios, una disparidad que plantea serias dudas sobre las prioridades de este gobierno.
Represión y violencia contra manifestantes
El uso de la fuerza contra los jubilados, Curas y trabajadores de prensa ha escalado a niveles
preocupantes. En esta última movilización, el sacerdote Francisco “Paco” Olveira fue agredido y gaseado, a pesar de vestir hábitos religiosos. La violencia no discriminó: otros curas que participaron fueron también atacados, detenidos y liberados solo cuando la policía notó que estaban siendo filmados.
Ataques contra periodistas y fotógrafos
La violencia policial no se limitó a los manifestantes.
Durante la cobertura de las protestas, varios periodistas, entre ellos de C5n y fotógrafos independientes, fuerongolpeados, gaseados y hostigados por las fuerzas de seguridad, en un intento de obstaculizar la documentación de los hechos. Las cámaras y equipos de trabajo sufrieron
daños y en algunos casos, los trabajadores de prensa fueron obligados a retirarse.
Este ataque a la libertad de prensa pone en cuestión el derecho a informar y a registrar lo que sucede en el espacio público. La represión no solo busca silenciar a los jubilados, sino también limitar la difusión de lo que ocurre en las calles de Buenos Aires.
Prioridades en la mira
El despliegue de efectivos de la Policía Federal, infantería, Gendarmería y Prefectura, así como los
gastos, balas de goma derivados de los operativos y daños al Congreso, ponen en cuestión el uso de los recursos públicos. Bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, en el gobierno encabezado por Javier Milei, la represión y el alto costo de la seguridad contrastan con las
limitaciones que enfrentan los jubilados.
Organismos de derechos humanos, el movimiento Patria Grande y trabajadores de ATE se sumaron a la protesta, manifestando su preocupación por la gestión económica liderada por el Ministro de Economía, Luis Caputo, alineada con el FMI.
Mientras que el gobierno de Javier Milei destina millones a asegurar la represión de la fuerzas en concentraciones, los jubilados continúan enfrentando barreras insostenibles: el acceso limitado a medicamentos, una pensión que no alcanza y la represión que parece tener como fin silenciar un reclamo legítimo. La brecha entre este estos verdugos y el bienestar social se ha convertido en un grito que exige respuestas inmediatas y profundas transformaciones en las políticas públicas. La urgencia radica en lograr un equilibrio que permita que las voces de quienes han construido la
historia del país sean escuchadas, y que el gasto público se reoriente hacia el fortalecimiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
En definitiva, la situación expuesta no solo revela una estrategia represiva que afecta directamente la libertad de expresión y la dignidad de los jubilados y trabajadores, sino que también plantea una reflexión sobre las prioridades de este gobierno de ajuste.