GRAVEDAD INSTITUCIONAL. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y…
…DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL DICTADO DEL DNU 70/2023
El Foro de Sociedades Científicas Argentinas, Xumek y la CAIP nos hicieron llegar el siguiente comunicado:
Expresamos preocupación por la RESPUESTA AL PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL DNU 70 /2023.
El día 4 de enero presentamos un masivo pedido de acceso a la información pública sobre los antecedentes del DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 70/2023. pidiendo acceder a los EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, DICTÁMENES TÉCNICOS, DICTÁMENES JURÍDICOS y DE LAS ACTUACIONES ELECTRÓNICAS PERTINENTES. El pedido de acceso se realizó al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Salud (órgano rector de la política sanitaria).
Esta iniciativa fue promovida por el Foro de Sociedades Científicas Argentinas, Xumek, y contó con el patrocinio legal del abogado Francisco Verbic de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad y El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
El pedido de acceso a la información fue respaldado por más de 1600 Asociaciones Científicas, Colegios Profesionales, Organizaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones de base, asambleas populares, ligas, redes, foros, federaciones, fundaciones, sindicatos, cooperativas, consejos profesionales, movimientos regionales y mundiales de la salud, centros de salud, hospitales, profesionales del campo de la salud, residentes, investigadores/as, docentes, periodistas, activistas de los Derechos Humanos y usuarios de servicios sanitarios, de distintas provincias de Argentina y de Chile, Bolivia, México, España, Brasil y Estados Unidos.
Advertimos con extrema preocupación la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional, quién a través de la Subsecretaría Legal y Técnica respondió que el DNU 70/2023 «no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos al dictado del mismo” .
Con esta respuesta, las organizaciones solicitantes entendemos que el DNU/2023 no cumple con los requerimientos mínimos de validez de los actos administrativos, se viola la Ley de procedimientos administrativos y normas fundamentales de la Constitución y del derecho internacional aplicables.
Con la respuesta del PE evidencia el incumplimiento de reglas fundamentales que rigen en la administración y los principios básicos de legalidad, proporcionalidad de los Actos administrativos (el DNU es un acto administrativo), y motivación previa, suficiente y fundada.
Este tipo de reglas administrativas, formales y procedimentales es lo que nos permite entender cómo se toman las decisiones y se expresa la voluntad de la administración en un Estado de derecho.
Estas reglas permiten la rendición de cuenta de los funcionarios a la ciudadanía. Es lo que a su vez, nos permite diferenciar: “un estado de derecho de una dictadura”; una “República de una monarquía”.
La falta de fundamentación del DNU 70/2023 viola el principio de legalidad, del debido proceso administrativo, de buena fe estatal, que rige o debería regir la actuación administrativa.
Teniendo en cuenta que en un Estado de Derecho, los actos administrativos no pueden ser arbitrarios, sino que deben contar con fundamentación sobre los motivos técnicos, jurídicos, económicos y administrativos que respaldan una decisión.
No puede existir decisión legal de la administración sin un procedimiento que la preceda.
El DNU 70/2023 carece de motivación en derecho que lo torna ilegítimo y arbitrario. La transgresión de la motivación jurídica y del debido proceso administrativo torna el acto administrativo en inválido. En este marco solicitamos a la Comisión Bicameral del Congreso que rechace el DNU 70/2023.
En estos casos estamos tratando temas tan delicados como la decisión del Poder Ejecutivo en relación a cómo las personas, colectivos y comunidades, van a vivir, enfermar y morir en este país. En este sentido, consideramos que el DNU 70/2023 constituye una necropolítica en tanto crea las condiciones sistemáticas de desprotección de la población en términos sociales, económicos, ambientales, de género y sanitarios. Destruyendo las principales políticas institucionales de protección. Es una herida mortal para la democracia.