Fraude electrónico en ciernes
Por Alejandro Ippolito
La trampa del sistema de conteo que busca eliminar el doble control de telegramas.
Después del fracaso del proyecto del voto electrónico, el gobierno pone en agenda el
escrutinio digital. Esa es una atribución del Ejecutivo. En diciembre la presentaron a los
jueces electorales de todo el país, hicieron acuerdos con el ministerio de Educación y Arsat
por las computadoras y la conectividad y avanzaron las licitaciones para el software. Es
decir, todo parece avanzar. Pero el proceso electoral que debe estar basado en su esencia:
la confianza. Este cambio en uno de los aspectos clave del sistema con el paradigma de la
despapelización todavía no fue sometido a consensos con los partidos políticos. Y ya
despierta sospechas y todo tipo de alarmas, incluso de fraude, entre dirigentes de la
oposición.
La cara del proyecto es el Director Nacional Electoral, Adrián Pérez. Viene del espacio de
Elisa Carrió. No consiguió aval político para impulsar ninguno de los proyectos anteriores, y
con esta idea encontró vía libre.
Anunció la propuesta públicamente vía diario La Nación. Y explicó ahí lo que supuestamente
sería un avance en términos de modernidad. El sistema busca trasformar las escuelas en
centros de cómputos para trasmitir los resultados de las actas de escrutinio que antes
viajaban como telegramas a las sedes del Correo de cada localidad. Pérez dice que el
proyecto busca agilizar el conteo y homogeneizar la entrada de datos. Pero tiene varios
problemas. Algunos de logística. Otros de seguridad. Uno de los importantes es eliminar los
telegramas. Ese papel llegaba al Correo pegado a la parte exterior de las urnas y hasta ahora
servía de doble control para garantizar la fiscalización de los partidos. En un contexto en el
que también se pone en duda la vulnerabilidad de un sistema que según los expertos fue
prohibido en buena parte del mundo, la eliminación del papel le saca a los partidos la única
posibilidad de control en mano. Y los obliga a confiar en la votación ciegamente.
Teresa García es una de las personas más preparadas para hablar del tema porque tiene la
práctica del territorio. Fue fiscal general de la provincia de Buenos Aires por Unidad
Ciudadana en las últimas elecciones, con la celebración de Cambiemos en el prime
timetelevisivo y el conteo febril durante la madrugada que dio vuelta el resultado. Ella está
convencida de que este proyecto es la ingeniería para preparar un escenario de fraude
electoral. No es la única. Pero lo explica de la siguiente manera.
En 2017, antes de las elecciones notó un cambio sorpresivo en el perfil de los presidentes
de mesa. Hizo una investigación. Sabía que históricamente solían renovarse alrededor de un
20 por ciento de las autoridades. Esa vez, los nuevos eran 70 por ciento. Cuando se puso a
averiguar, buscó datos en las redes, entendió que muchos eran activistas del PRO, preguntó
y supo que habían salido de una bolsa de voluntariado de una fundación cercana al
gobierno. Luego llegaron las elecciones. Y el recuento de votos. Esa noche Teresa se dio
cuenta de que en algunas mesas publicadas, los votos de Unidad Ciudadana eran 000. Ahí
entran en escena los telegramas. Ella chequeó datos con las planillas de sus fiscales y los
números eran distintos. En un caso encontró que el presidente de mesa había enviado al
Correo una acta de escrutinio (telegrama) distinta a la que tenían los fiscales. Lo pudo
demostrar más tarde, dice, porque comparó los dos documentos: el acta física y la planilla
de fiscales.
“Así descubrí 17 casos como esos”, dice. “Hice una investigación con dos compañeros en un
local, viernes, sábado y domingo. En total, encontramos un promedio de 190 votos por acta,
creo debimos haber tenido 2.000 planillas con deficiencias. Es decir, 2.000 mesas de las
cerca de 35.000 de la provincia”.
En una elección como la última, con diferencias de menos de un punto, esos números dan
vuelta un resultado. Si bien es cierto que siempre existe el escrutinio definitivo y las urnas,
es más cierto que los jueces no permiten abrir las urnas salvo excepcionalmente, con
diferencias muy importantes.
Esta semana se escucharon voces de alerta por potenciales problemas de vulnerabilidad y
manipulación de datos. Ya en 2017, con la carga de los 000 de Unidad Ciudadana, Teresa
García se preguntaba dónde había estado el problema original, si en los telegramas falsos o
en la transmisión del Correo. Pero las sospechas agravan, si además a los partidos se les
quita la herramienta clave para el doble control. Una de las personas que habló es la
presidenta de la fundación Vía Libre, conocida en el área de transparencia electoral. En una
entrevista con radio Caput, Beatriz Busaniche pidió no despapelizar las elecciones y que los
telegramas no sean reemplazados por un sistema informático. “Si bien el escrutinio
provisorio no es el que tiene valor legal, sólo se abre una urna para recontar los votos
cuando hay una queja o una observación de algún partido, la Justicia es reacia a hacerlo”.
En síntesis, hay que sumar todos los factores para entender la preocupación. La trampa con
los presidentes del PRO, el antecedente de voltear a los presidentes de mesa históricos, el
cambio de firma en las planillas, los telegramas con el 000, la carga, la mano de Indra y el
Correo Argentino, siempre territorio sinuoso, que estuvo en la mira a la hora de pensar
responsabilidades entorno al desfase en la carga de datos.
“Pero lo que viene es peor”, vuelve a decir Teresa. “Están preparando el fraude y lo digo
convencida. El cambio del escrutinio para hacer traspaso de datos electrónicos y evitar el
telegrama es la primera muestra de fraude. Si ellos estuviesen tan bien y tan seguros de los
resultados, ¿por qué van a querer cambiar las reglas de juego de un año de elecciones?”