El pacto social: desarmar el espíritu de agresión
Del libro de Daniel Di Giacinti, «Peronismo: ¿Reforma o Revolución?»
«Las soluciones parten pues de un mismo punto: la pacificación, sin la cual no se podrá realizar ninguna de ellas. La pacificación tiene un origen que es a la vez su punto de partida: el desarme de la agresión, seguido de un diálogo realizado con la grandeza indispensable para que sea constructivo y calificado con un desprendimiento suficiente como para que las soluciones puedan buscar el bien común».
(Juan Domingo Perón)
La caída de Illia significó la finalización de la etapa de las democracias proscriptivas. Luego de doce años de lucha el líder ponía en marcha el asalto final sobre la dictadura militar que ya despojada de sus máscaras de formalidad pseudodemocrática emergía con toda su impunidad e ilegalidad institucional.
Era una época de gran violencia política que transformaría al país en una enorme insurrección popular que estallaría en las principales ciudades argentinas.
Una nueva generación de clase media se unía a los trabajadores en el avance final contra la camarilla militar. Desde películas y documentos el líder aconsejaba las tácticas de guerrilla urbana mas adecuadas para luchar contra el enemigo que se retiraba.
Al mismo tiempo, vislumbrando la posibilidad del acceso al gobierno a través de un proceso electoral, Perón comenzaba a hablar de la necesidad de la pacificación nacional y a desalentar el espíritu de agresión fomentado entre los argentinos.
Esta aparente contradicción tenía una fundamentación ideológica. Había que poner en marcha un proceso de reconstrucción nacional que permitiera, en base a un acuerdo social, desarrollar la democracia social y popular.
Ese proceso de autodeterminación comunitaria solo era posible con una armonía institucional mínima y con una pacificación que permitiera sustituir la lucha por el debate político.
El 30 de mayo de 1973 se suscribía el «Acta del Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social», entre la CGT, la CGE y el Estado. Allí se establecían normas para la redistribución de ingresos y el reordenamiento de la actividad económica.
En agosto de 1973 se firmaría el «Acta de Compromiso del Estado» entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales, que definía criterios para la asignación presupuestaria y establecía acuerdos para ajustarse a los lineamientos del «Acta de Compromiso» suscripta entre la CGT, la CGE y el Estado.
Algunos análisis ven los acuerdos impulsados por el peronismo como una especie de claudicación, como un congelamiento de la situación de injusticia social. Esta visión ve al Pacto social como una fotografía estática cuando en realidad es una herramienta al servicio de un proceso mayor que lo incluye.
Se trata de lograr una armonía y estabilidad política que permite poner en marcha el verdadero proceso revolucionario que es la autodeterminación política popular. Es a partir de la maduración política comunitaria que se logra el afianzamiento del poder nacional para poder impulsar las mejoras de las condiciones socioeconómicas.
La liberación es un acto de conciencia individual que no se puede imponer, es una revelación lograda en el proceso de maduración política que se da en la comunidad en su conjunto. Garantizar este proceso de debate político es lo que permite la liberación.
Un gobierno de Unidad Nacional
A los acuerdos de los sectores socio económicos Perón quería sumarle un marco de estabilidad institucional política. Su idea no era un acuerdo entre las fuerzas políticas existentes que él consideraba ya agotadas. Buscaba una nueva realidad partidaria que se transformara en un juego alternativo de esa nueva soberanía popular que soñaba.
Intentaría provocar una acción fundacional con estructuras políticas creadas a partir de un acuerdo básico de una nueva nación. Siempre había manifestado que La Comunidad Organizada era el principio y el fin del justicialismo. Su intento de convocar a Balbín a la vicepresidencia de la nación para las elecciones del 23 de setiembre de 1973 ejemplifica esta intencionalidad. Esta actitud quedaría reforzada en su inútil intento de dejarlo en la presidencia de la nación al sentirse morir el día 30 de junio de 1974.
Para comprometer a la dirigencia política llevaría adelante la idea del Consejo de Estado que hizo constar en el anteproyecto de reforma. Lo anunciaría el 1 de agosto de 1973 en una reunión con integrantes del FREJULI. Invitaría a constituir al organismo analizando las atribuciones que podría tener, anticipando que los líderes de los partidos políticos deberían formar parte del mismo. Todas las grandes decisiones de gobierno eran consultadas con los referentes políticos de la oposición, especialmente con Ricardo Balbín.
Por distintas razones, ni los dirigentes radicales ni los otros partidos políticos de la oposición comprendieron el llamado. La misma incomprensión del 55 rondaba la situación política nacional de los 70. La oligarquía había sido aislada y derrotada en su intento de romper el campo nacional, y Perón volvía al poder por haber demostrado la inviabilidad de los proyectos coloniales en las distintas alternativas desarrolladas por las democracias proscriptivas del 58 y 63 y la aventura dictatorial de los militares corporativistas. Pero todo era el resultado de su enorme prestigio político personal. No había una comprensión de los objetivos estratégicos revolucionarios que el líder planteaba.
La propia dirigencia justicialista había sido duramente impugnada por el propio Perón:
“La inmensa mayoría de esa élite me ha defraudado. Tengo en poder mío pruebas terminantes sobre la traición de estas cúpulas que no han estado a la altura de estos tiempos, ni han tenido la abnegación o el desinterés suficientes para jugar sus últimas cartas con decorosa lealtad a las banderas que dicen servir. Me reservo “in petro” los nombres de esta carroña llena de pequeñas cosas”.
Además, esta incompetencia producto de la incomprensión estratégica, se agravaba con otro elemento: la fiebre sucesoria. El infantilismo político presuponía que la enorme autoridad que Perón expresaba quedaría en quien le sucediera en el poder. El propio líder denunciaría esta situación en el discurso del 1 de mayo de 1974, ante la Asamblea Legislativa:
“A todo eso se suma la fiebre de la sucesión, de los que no comprenden que el único sucesor de Perón será el pueblo argentino que, en último análisis, será quien deba decidir.”
Ante la imposibilidad de Balbín la elección de Isabel, para que la acompañe en la fórmula presidencial, demostraba el vacío dirigencial dentro del Justicialismo: “ Poner a Isabel de vicepresidente – dijo Perón, según el recuerdo de Abal Medina- es como ponerme a mí en los dos cargos, es como no tener vicepresidente”.
Una nueva tragedia comenzaba a dibujarse en el futuro de los argentinos: el enorme vacío de poder ante la ausencia de dirigencias estratégicas que, pese a los esfuerzos de Perón, aparecía como insoslayable.