ARGENTINA ENTRE LA DICTADURA LIBERAL Y LAS POSIBILIDADES…
…PERONISTAS. De Jujuy a Vaca Muerta…
Por Carlos A. Villalba
Junio 27, 2023
«Nos vamos a encontrar con una sociedad mucho más pobre,
a la que no se puede reprimir indiscriminadamente.
Represión sin compasión es una de las formas de la dictadura»
«Si a la violencia ilegítima de las calles
se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden
terminamos en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado,
donde va a ser juzgado hasta el presidente»
(Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, integrante de “Juntos por el Cambio”)
El alargado fin de semana argentino que incluyó los días del Padre y de la Bandera,
culminó el martes 20 de junio con dos hechos dignos, cada uno de ellos, de las
primeras planas de cualquier periódico del mundo. Mucho más, cuando se
transformaron en el anticipo de las candidaturas presidenciales que definirán el rumbo
del país en las elecciones de agosto y octubre.
En Tratayén, corazón de la neuquina Vaca Muerta, segunda reserva de gas no
convencional del mundo, se giró el volante del dispositivo que inició el proceso de
llenado del primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que, el 8
de julio, comenzará a transportar 22 millones de metros cúbicos de gas cada 24 horas,
con un ahorro en lo que resta del año de unos u$s 1.800 millones que, por sustitución
de importaciones de combustibles, se elevarán a 4.200 M anuales. Una hazaña
logística y una victoria política para los sectores del peronismo que impulsaron ese tipo
de desarrollo. El acontecimiento, sin embargo, prácticamente pasó desapercibido y, al
día siguiente, fue desalojado de los diarios de mayor influencia en la agenda
comunicacional.
Atrapada en la maraña procesal de jueces y fiscales sospechados de haber arrojado su
imparcialidad al chiquero del contubernio con la oposición macrista y sus mandantes
económicos, Cristina Fernández de Kirchner, quien lidera el espacio nacional y popular,
consideró que el proceso en su contra y la consecuente condena por “corrupción” en
contratos de obra pública vial constituyó un armado destinado a “proscribirla”
electoralmente y decidió renunciar a cualquier candidatura. Las dificultades para hallar
una alternativa presidencial que se destacase con claridad ante los votantes, junto a
su reiterada costumbre de “destapar” al candidato horas antes de que termine el
tiempo de presentación ante las autoridades electorales, mantuvieron al peronismo
huérfano de una figura que se opusiese en campaña a los liberales Horacio Rodríguez
Larreta y Patricia Bullrich y al anarcocapitalista de la derecha ultraprivatista Javier
Milei. Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa fue el elegido para
saldar las diferencias internas y aspirar al sillón principal de la Casa de Gobierno.
En síntesis, el 20 de junio no hubo acto, ni encuentro de las máximas autoridades que
hicieron posible, primero, la explotación de Vaca Muerta (CFK) y, ahora, la
construcción en tiempo récord del ducto de 573 kilómetros iniciales (el propio Massa),
bajo la presidencia agónica de Alberto Fernández. No hubo foto que compitiese
políticamente con la unidad de la alianza opositora que, en 2019, supo entronizar en el
Ejecutivo nacional al gerente general de una de las principales corporaciones
económicas del país (Sociedad Macri SA-SOCMA), el ingeniero Mauricio Macri. Aquella
misma jornada “energética”, responsabilizaron al gobierno nacional y a la propia
Cristina Kirchner de la represión desatada por Gerardo Morales, gobernador de la
provincia de Jujuy, contra los sectores que se oponen a sus políticas. Como
“reconocimiento” a la dureza de su gestión, pocos días después, el jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lo nombro como precandidato a
vicepresidente de su sector.
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A 1.998 km de Tratayén, en la norteña provincia de Jujuy, largas jornadas de protestas
docentes, luego multiplicadas por el personal de salud y, finalmente, por las
comunidades originarias, alcanzaron un grado de visibilidad que no habían logrado
antes a partir de una manifestación que se dirigía a la Legislatura local. La represión sin
piedad de las fuerzas de seguridad locales y sus parapoliciales (civiles sin identificación,
móviles sin placas o carentes de filiación) que hasta llegaron a violentar hogares para
buscar personas o arrebatar celulares, fue la respuesta del gobernador Morales,
titular de la (¿ex?) Unión Cívica Radical.
Con heridos, uno muy grave, presos y detenidos sin paradero conocido ni acceso al
derecho de defensa durante horas, la jornada represiva del 20 de junio culminó con los
medios televisivos mostrando a todos los sectores liberales, de la derecha a la pared,
aplaudiendo la violencia estatal, responsabilizando al gobierno nacional, con acento en
la vicepresidenta Cristina Kirchner, por los sucesos en uno de los principales
reservorios de litio del país. Fue un verdadero lanzamiento de las candidaturas; de su
“viralización” se encargó, como siempre, la “Cadena de Propaganda Privada de las
Corporaciones Económicas”. Y, lo más importante, constituyó la presentación de la
hoja de ruta que aspiran a imponer a partir del próximo 10 de diciembre: ajuste,
represión de las reacciones sociales que produzca y usurpación de las tierras con litio
para entregar ese bien compartido que, el liberalismo y en especial su mandante
estadounidense, consideran recursos a extraer, saquear y derivar a las casas matrices
de la corporaciones, a precio vil y subfacturado y sin trabajo agregado.
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Los gobiernos de Estados Unidos, por encima del partido que los administren,
consideran a Latinoamérica y el Caribe como su “patio trasero”, y consideran a
sus riquezas y bienes comunes naturales como “recursos” a los que pueden
acceder cuándo y cómo quieran, en función de las necesidades de sus
corporaciones económicas.
Los principales funcionarios de la Casa Blanca, el Pentágono y su Comando Sur, el
Departamento de Estado o la Comunidad de Inteligencia lo dicen sin eufemismos
y actúan en consecuencia. Plantan a la República Popular China como su
principal enemigo en el mundo y la región, con Rusia un paso atrás, y
contabilizan como activos propios a los bienes ajenos.
La jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, generala Laura Jane
Richardson, estuvo dos veces en un año en la Argentina. La unidad a su cargo fue
diseñada para la “defensa” de los intereses de Washington en el subcontinente;
tiene sede en Miami (tras su retiro de Panamá gracias a los tratados logrados por
el general Omar Torrijos Herrera), controla unas 80 bases en la región, entrena a
las fuerzas armadas de los países de su “esfera de influencia” y aporta
“inteligencia” y coordinación militar a las tropas en función de los objetivos del
Departamento de Estado 1 .
Durante su exposición ante el grupo de presión internacional estadounidense Atlantic
Council, favorable al control mundial por parte de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), remarcó la importancia de la región a partir de “todos sus
ricos recursos y elementos de tierras poco comunes”. Se permitió puntualizar la
existencia del triángulo del litio, “que hoy en día es necesario para la tecnología. El
60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile” e instaló
a su país entre los poseedores de esas riquezas al usar el “tenemos” el 31 % del agua
dulce del mundo en esta región, además de apuntar a “las reservas de petróleo más
grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce, descubierto frente a Guyana hace más de
un año”. Sumó “petróleo, cobre, oro y (hasta) la importancia del Amazonas como los
pulmones del mundo”. Seguramente un lapsus le impidió mencionar las “tierras raras”
o el coltán (el litio que viene), imprescindibles en la fabricación de dispositivos
tecnológicos que van desde los celulares y las computadoras portátiles hasta
la industria aeroespacial y la biomédica, abundantes en Venezuela y, también, en el
“triángulo” lítico, en especial en… Jujuy.
Con tanta claridad como descaro de saqueadora, la jefa del Comando Sur remató la
agenda extractivista de su país resaltando que, “con ese inventario, a Estados Unidos
le queda mucho por hacer, esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la
seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.
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El actual escenario global se caracteriza por la concentración económica, multiplicada
tras la pandemia, una crisis climática irreversible y aumento generalizado de los niveles
de pobreza, indigencia y desocupación y necesidades acuciantes de alimentos y
combustibles, potenciadas por la guerra de la OTAN contra Rusia en territorio de
Ucrania. En un contexto semejante, las presiones sobre países dependientes de los
intereses corporativos estadounidenses que cuentan con esos bienes, son cada vez
mayores. En esas naciones, hay sectores que responden a aquellos mandantes y, a
través de artilugios legales y financieros, intentan “independizarse” de las decisiones y
los intereses nacionales e interactuar de modo directo en los escenarios multilaterales
de la región y el mundo, en contradicción con las leyes o las constituciones de cada
país y las normativas globales y contra la conveniencia de sus propios pueblos.
El Doctor Carlos Vilas, director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la
Universidad Nacional de Lanús, en su conferencia “Una Reforma Inconstitucional
contra la Unidad Nacional”, sostuvo que el gobierno jujeño “Pretende actuar como un
actor independiente en el sistema internacional” a pesar de que es la Organización de
las Naciones Unidas la encargada de reconocer a esos actores políticos internacionales.
A su criterio, el intento de Reforma Constitucional de Morales “debe ser considerado
como un atentado contra la unidad nacional de la República Argentina, por una
cantidad de modificaciones que convertirían a la provincia en una especie de ente
independiente de la Nación” 2
El experto sentenció que el gobierno jujeño “pretende convertir a su provincia en un
“estado independiente” y aseguró que el país está “en presencia de un proyecto
estratégico, que incluye a otras provincias, de degradar la Nación Argentina a un
conjunto de semicolonias pequeñas, subordinadas a los intereses del capitalismo
financiero globalizado”.
Por su parte, el Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, Mario Eduardo
Firmenich, al abordar esa problemática advierte sobre la posibilidad de que se
produzcan “fracturas en la Nación” y se registren procesos de “apropiación de las
áreas estratégicas con el auxilio de personeros cipayos que supuestamente reivindican
una ´soberanía´ subregional”.
En su trabajo “Cómo salir de la pandemia de modo sostenible”, el ex conductor de la
organización Montoneros, señaló que el debilitamiento del país podría generar un
proceso de “desintegración nacional”, con la consecuente aparición de “repúblicas”
del litio, del acuífero guaraní, la pampa húmeda o de “Vaca Muerta y adyacencias
patagónicas”.
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La foto de los tres especialistas encasquetados de la Transportadora Gas del Sur-TGS
(Pampa Energía/Grupo Familia Sielecki), encargada de brindar el servicio de operación
y mantenimiento del GPNK por un plazo de cinco años, muestra el gesto sencillo de
mover el manubrio que dio comienzo a la “puesta en gas” del coloso de 47.700 caños
de 12 metros de largo y 36 pulgadas de diámetro (Techint), a lo largo de 573
kilómetros. En realidad, a imagen simboliza el inicio de un camino hacia un nuevo
horizonte de la matriz energética del país, de efectos inmediatos y, a su vez, implica un
salto hacia una nueva matriz productiva nacional que, según el sector que la
administre, generará bienestar social y recuperación e ingreso de divisas. La falta de
dólares es uno de los males endémicos generados por la eterna e impagable deuda
externa, instalada en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976, cuando José Alfredo
Martínez de Hoz y sus militares desencadenaron la destrucción del aparato productivo
construido a lo largo de la década peronista de 1945 a 1955 y potenciada con el
préstamo más alto de su historia por parte del FMI a Macri, violando sus propios
estatutos.
La importancia de esta obra de ingeniería se mide en décadas hacia atrás (cinco, seis…
?), en las que no se construyó nada igual en ninguno de los rubros de la economía y
(tres, cuatro,,,?) hacia adelante. En este primer tramo une cuatro provincias, desde la
planta de tratamiento de gas de Tratayen en Neuquén, pasando por Río Negro y La
Pampa, hasta la bonaerense Salliqueló, donde, a partir del el 8 de julio empalmará con
otros gasoductos que llevarán hasta el conurbano capitalino el gas extraído en Vaca
Muerta, cuyo volumen anual subió de diciembre de 2021 al mismo mes de 2022 el
14,5%, lo que genera cuellos de botella al no tener cómo evacuar esa producción e
impide aumentarla.
Quienes pusieron el ojo en ese yacimiento, y generaron una corriente de inversión y
extracción, fueron la entonces presidenta Cristina Kirchner (renacionalizó YPF en abril
de 2012) y el ingeniero Miguel Matías Galuccio, titular de la empresa petrolífera de
desde que volvió a enarbolar la bandera nacional. Cuando el “fenómeno Vaca Muerta”
atrajo las miradas de la inversión global, en julio de 2019, el presidente Mauricio Macri
firmó el decreto de necesidad y urgencia de convocatoria de la licitación para la
“prestación del servicio de transporte de gas natural”, abriendo una etapa que, meses
después, él mismo decidió cancelar.
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Maestras y maestros cobran nada, el personal de salud cobra poco,
los pueblos de la Quebrada, los de los salares lindantes, sienten que sus tierras y sus bienes comunes están amenazados,
se movilizan, acampan a la vera de los caminos que conducen a las maravillas de un
paisaje milenario con siete y más colores.
Organizan ollas populares, cortan el tránsito, piden, reclaman, exigen,
no reciben respuesta, les imponen una Constitución que todo lo empeora…,
hasta la mínima posibilidad de la protesta,
y explotan, todos. Jujuy estalla.
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El actual proyecto jujeño es dirigido por un jefe provincial autócrata y nepotista.
Gerardo Morales es el dirigente argentino que más familiares ubicó en la función
pública, con más de más de 25 miembros de su familia instalados en la Gobernación,
diferentes institutos dependientes y sus ministerios, el Congreso de la Nación, la
Legislatura provincial y hasta la Sociedad del Estado “Cannabis Avatara”, a cargo de su
hijo Gerardo Gastón. Utiliza el territorio provincial desde el 10 de diciembre de 2015
como base de lanzamiento para proyectarse hacia la Nación, no solo como candidato
sino, también, como “modelo” de gestión y negocios que pretende “institucionalizar”
con una reforma constitucional que acelere la entrega de los bienes comunes
naturales a las corporaciones transnacionales, las cámaras mineras, tabacales y a
grandes productores como el grupo agroindustrial Ledesma, controlado por la familia
del fallecido sin condena Carlos Pedro Blaquier, enjuiciado por su complicidad con
los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la denominada «Noche del Apagón»
en la que efectivos militares y civiles, con participación de vehículos de la empresa,
que produjo un corte general de luz, secuestraron a 400 personas, de las cuales 55
continúan desaparecidas.
Desde aquel momento impuso sus decisiones personales sobre el “estado de
derecho”, con violación de los instrumentos judiciales y persecución a los sectores a
los que consideró sus enemigos, en un proceso que comenzó con la demolición del
sistema judicial provincial y la detención consecuente de la dirigenta social Milagro
Sala, sin causas previas, las que fueron reemplazadas por enjuiciamientos ad hoc.
Avanzó sobre las organizaciones sociales y los sindicatos, como sucede en este
momento con los docentes. Finalmente intentó plasmar esas decisiones a través de
una “reforma constitucional” que, ante el repudio movilizado de distintos actores,
decidió cambiar de manera unipersonal, borrando dos artículos, reemplazando a la
Convención Constituyente por otra ilegal decisión personal de madrugada.
El artículo 75 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional 26 160, reconocen la
prerrogativa de las comunidades indígenas al uso y posesión de sus territorios
ancestrales que, además, cuentan con el derecho a la consulta “previa, libre e
informada”, establecida por el Convenio 169 de la OIT y ratificada por la Argentina
ante cualquier cambio de situación.
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El “modelo jujeño” de extractivismo y privatización transnacional del litio ya está en
manos de la australiana Allkem, con las financieras JP Morgan (EE.UU.) y HSBC (Gran
Bretaña); Toyota Tsusho (Japón); Lithium Americas Corp (Canadá); Ganfeng Lithium
(China) y con muchas más aves de rapiña sobrevolando la zona. Lo mismo sucede en
Salta, con dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, los estadounidenses
Blackrock (buitre de la deuda argentina) y Vanguard, a cargo Livent, responsable de
subfacturación por informar un costo por kilo de litio de u$s 6,41, que en realidad se
vendió a u$s 54,07, por lo que acaba de pagar una multa de $5.300 millones tras
reconocer que los “dibujos” realizados en sus declaraciones de exportaciones
generaron un perjuicio contra el fisco de u$s 8 millones en retenciones.
El Estado de Morales se arroga un “dominio” de los “recursos” al efecto de dejar en
manos privadas el saqueo de los bienes comunes naturales. A lo sumo, se propone ser
socio menor de las grandes transnacionales, como en la participación del 8,5 % en la
empresa Sales de Jujuy.
Los pueblos originarios constituyen una traba para la ampliación de las zonas de
explotación y saqueo, por eso se pretende erradicarlos de sus tierras ancestrales,
reubicarlos y abrir cada vez más las tranqueras de las riquezas a las garras extranjeras.
Al “inventario de recursos” de la generala Richardson se agrega el informe de la
Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, que reconoce que
Estados Unidos puso en la mira al litio argentino debido a la “alarmante ausencia de
regulaciones firmes” en la Argentina, en una etapa en que el país se proyecta a ser
“uno de los mayores productores de carbonato de litio en los próximos años” y
destaca que los proyectos en marcha no agregan valor a la cadena de suministros. En
consecuencia, propone a Washington que cree “nuevos mecanismos de
financiamiento de proyectos para brindar a las empresas del sector privado
estadounidense incentivos para producir y procesar litio en un centro de litio
floreciente”. Más claro… echale Morales.
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Después de la convocatoria nacional e internacional, “necesaria y urgente” para la
“prestación del servicio de transporte de gas natural” desde Vaca Muerta realizada por
Macri, su propio gobierno la prorrogó dos veces hasta que, finalmente, terminó el
mandato del empresario, sepultado por los votos del hambre y el desencanto con el
gobierno que más daño hizo al país en menos tiempo después de la última dictadura
cívico militar. Ya con Alberto Fernández en la Rosada se produjo una nueva
postergación, hasta que un día antes del vencimiento del nuevo plazo (diciembre de
2020) la Secretaría de Energía, conducida por el ala kirchnerista del Ejecutivo, derogó
el llamado a licitación y decidió que la obra se realizara con fondos del Tesoro
Nacional.
Tras superar conflictos que se llevaron puesto al ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas, y ya con Massa al frente del Ministerio de Economía, que absorbió
aquella cartera, se firmaron los contratos para la realización de la primera etapa del
GPNK. En agosto de 2022 comenzaron los trabajos y dos meses después arrancaron los
12.000 viajes en camión que transportarían los 48.000 tubos con costura de
fabricación argentina, uno de los reclamos públicos de la vicepresidenta. El 20 de junio
de este año se abrió la válvula: Sergio Massa logró cumplir su promesa de terminar esa
fase del proceso en 8 meses y hacer “posible lo imposible” después de “años por falta
de visión estratégica y por falta de coraje”, frases con las que chapeó antes de ser
candidato y que ahora aparecerán como una marca en el orillo de su carrera
presidencial.
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A pesar del acecho internacional y de las entregas provinciales, las autoridades
nacionales no activaron los mecanismos destinados a declarar al litio como “recurso
estratégico”, esquivar las trabas de la normativa impuesta por la Reforma
Constitucional de 1994, avanzar hacia su industrialización “en origen” y convertir al
país en proveedor de la región y del mundo y. Así lo plantearon en 2022 los
legisladores nacionales pertenecientes al Frente de Todos (hoy Unión por la Patria),
con suerte adversa. Si Massa llega a Presidente, el apoyo o rechazo a esa postura sería
una buena unidad de medida del grado de soberanía de su pensamiento.
Como se dijo al comienzo de esta nota, los sucedidos del 20 de junio fueron
expresiones tan disímiles como significativas, mucho más cuando los protagonizaron
actores centrales de los binomios presidenciales de los dos principales espacios de la
política nacional. En un escenario de crisis, enmarcado en la confrontación global por
los bienes estratégicos, la pelea ya no es entre modestos “partidos políticos” o
“alianzas electorales”. Para la Argentina, al menos, constituye el enfrentamiento entre
dos modelos posibles, el del saqueo de recursos, ajuste y represión o el de producción,
soberanía y redistribución, en este último caso si la llamada “Unión por la Patria”, que
postula a Sergio Massa, hace honor a su nombre.











