Al casino con la plata del abuelo
El acuerdo con el FMI prevé liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La subordinación del interés público a los negocios privados, la institucionalización del saqueo y la virtual privatización del Banco Central.
Por Adrián Murano
El gobierno se dispone a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El plan no es nuevo: la maniobra fue habilitada por la ley ómnibus que en 2016 posibilitó el “blanqueo” impositivo. La novedad es que el desguace fue ratificado por escrito en el memorando de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
“Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, reza la carta de intención.
“Las autoridades y el staff del FMI acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de 2018 que recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en las Manual de Estadísticas Públicas. Si las recomendaciones de la misión llevan a cambios en la medición del resultado presupuestario no se aplicarán medidas de política adicionales para los fines del programa respaldado por el FMI”, precisa el documento.
En criollo: en el memorando con el prestamista, el Gobierno se compromete a liquidar el FGS para hacer frente al programa de reparación histórica a los jubilados. Esto implicará que el Ejecutivo se desprenderá no sólo de los títulos públicos que heredó de las AFJP sino también de las acciones de empresas privadas que aún tiene en sus manos.
A los empresarios amigos de Macri le gusta esto.
El proceso de venta de activos y saqueo de los recursos del FGS (como su nombre lo indica, creado para ser un reaseguro del delicado sistema previsional) lleva más de un año, y ya generaron media docena de causas judiciales.
Por una denuncia del legislador nacional Rodolfo Tailhade, por ejemplo, el juez Claudio Bonadio lleva la demanda por la venta de bonos de la empresa EPEC, que le entregaban una tasa del 12,5% al Estado, para la suscripción de deuda de la provincia de Córdoba por U$S 150 millones a diez años, a un interés anual del 7,25%. Por ese caso se denunció una pérdida de U$S 75 millones para el organismo.
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Fuente Revista Zoom