CONSTRUCCIÓN DEL CONSENSO POLÍTICO: FORMAS DE LEGITIMIDAD EN CHINA Y ARGENTINA
Por: Lic. Federico Alonso (*)
Agosto 13, 2025
La noción de legitimidad política remite al conjunto de creencias, prácticas e instituciones que permiten que un orden político sea percibido como justo, necesario y aceptado por una sociedad determinada. Nos proponemos comparar los modos en que China y Argentina construyen y sostienen el consenso político, a partir de una variable clave: las formas de legitimidad.
En términos teóricos, podemos distinguir dos grandes dimensiones de la legitimidad política: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La primera remite a la forma en que se accede al poder: es legítimo quien es investido conforme a las reglas del sistema, ya sea por elecciones, herencia dinástica o mecanismos partidarios. La segunda, en cambio, evalúa el modo en que ese poder es ejercido: es legítimo quien, una vez en funciones, gobierna con eficacia, responde a las demandas sociales, asegura bienestar y estabilidad, y conserva el apoyo ciudadano.
Tanto Argentina como China cuentan con esquemas institucionales que les otorgan legitimidad de origen dentro de sus propios marcos normativos. En el caso argentino, el sistema se funda en el voto popular y la democracia representativa, con elecciones periódicas y multipartidismo competitivo. En China, la legitimidad de origen proviene de la estructura institucional del Partido Comunista, que ejerce el liderazgo político en base a mecanismos internos de selección, promoviendo estabilidad y continuidad.
Sin embargo, es en la legitimidad de ejercicio donde ambos modelos presentan diferencias significativas. China ha construido un alto grado de legitimidad de ejercicio mediante el desarrollo sostenido, la reducción de la pobreza, la estabilidad social y la proyección internacional. Este desempeño es presentado como evidencia de un modelo eficaz de gobernanza, que responde a las expectativas del pueblo chino aun sin recurrir a elecciones directas.
Argentina, en cambio, atraviesa una crisis estructural de legitimidad de ejercicio. A pesar de que sus gobiernos surgen del voto, la sucesión de crisis económicas, el deterioro de las condiciones de vida y la desconfianza en la dirigencia política han socavado el consenso social. Este vacío ha habilitado el ascenso de figuras outsider como Javier Milei, cuya campaña contra la “casta política” expresa el malestar frente a un sistema que cumple con las formas democráticas, pero fracasa en ofrecer resultados concretos traducidos en bienestar para el conjunto de la sociedad.
La legitimidad política en China no se deriva de la competencia electoral multipartidista, sino de un modelo que combina eficacia institucional, centralización política y resultados tangibles en términos de bienestar colectivo. El Partido Comunista de China (PCCh) sostiene su liderazgo a través de una legitimidad de ejercicio, respaldada por logros concretos como la erradicación de la pobreza extrema, el crecimiento sostenido, el fortalecimiento de la soberanía nacional traducidos en el despertar del Sueño Chino.
El modelo político se apoya en una concepción de democracia consultiva y en un principio de “centralismo democrático” que articula liderazgo político con participación institucionalizada a través de mecanismos como el Frente Patriótico Unido o la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El consenso no se construye a través del disenso electoral, sino mediante una lógica de integración política, disciplina administrativa y sinergia entre planificación estatal y orientación ideológica.
Como señala Daniel Bell, la legitimidad en China descansa sobre tres pilares: la meritocracia en la selección de cuadros, la competencia de desempeño a nivel local y la identificación cultural con un proyecto nacional. La reforma y apertura iniciada en 1978 consolidó esta legitimidad desde una perspectiva de “Estado de Derecho socialista con características chinas”, donde la ley no limita al poder político, sino que lo estructura funcionalmente para garantizar la armonía social y el desarrollo.
Argentina en cambio adopta una forma republicana, representativa y federal de gobierno, basada en el principio de soberanía popular y el sufragio universal como fuente última de legitimidad característico de Occidente. La Constitución Nacional establece la división de poderes y la alternancia en el poder como ejes fundamentales del sistema político. En este contexto, la legitimidad de origen, proveniente del voto popular, constituye la base del orden democrático. Sin embargo, en las últimas décadas, esta organización formal ha sido cuestionada por la crisis de representación, la volatilidad institucional y el creciente desinterés ciudadano expresado en la baja concurrencia a las elecciones.
La legitimidad del sistema político argentino ha sido erosionada por diversos factores: fragmentación del sistema de partidos, personalismo, endeudamiento crónico, pérdida de capacidades estatales y penetración de intereses corporativos en las decisiones públicas. Como advirtió Guillermo O’Donnell, se ha consolidado una “democracia delegativa” donde el voto legitima el poder concentrado de liderazgos que luego actúan con escasa rendición de cuentas. A esto se suma, en la actualidad, la emergencia de expresiones anti-políticas que, en nombre de la “libertad”, canalizan el descontento hacia el vaciamiento de lo público.
Autores como Dussel y Quijano han planteado que la democracia representativa liberal enfrenta una encrucijada estructural. Atrapada por las lógicas del capital financiero transnacional, ha perdido capacidad para intervenir en los problemas reales de las mayorías. El ascenso de figuras mediáticas como Milei, que desprecian abiertamente el rol del Estado y el principio de justicia social, refleja una crisis de legitimidad que va más allá de la coyuntura: el sistema ya no representa ni organiza el conflicto social, solo lo administra con lógica de mercado.
En conclusión, ambos países sostienen su legitimidad sobre fundamentos muy distintos: China se apoya en la eficacia del gobierno (legitimidad de ejercicio) y en una narrativa histórica de unidad nacional y desarrollo armónico mostrando una notable capacidad de planificación, cohesión y reducción de la pobreza; Argentina lo hace en la elección periódica de autoridades (legitimidad de origen), aunque crecientemente deslegitimada por la falta de resultados y el descrédito institucional.
El contraste invita a reflexionar si el modelo liberal-representativo, tal como fue concebido en Occidente, se encuentra en una encrucijada histórica que ya no puede resolver los desafíos del presente. Quizás, más que oponer ambos modelos, la clave esté en recuperar la idea de un consenso político que combine legitimidad democrática con eficacia estatal, orientación estratégica y justicia social. Desde América Latina, urge pensar modelos propios que articulen participación, integración y soberanía.
(*) El autor es Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Maestrando en Políticas de Vinculación con China
Fuente El Tábano Economista