Agricultura familiar: clave en el programa Argentina contra el Hambre
Por Sebastián Premici (@spremici)
El nuevo secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, convocará al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena para avanzar en la reglamentación de la Ley 27.118 que quedó trunca durante el macrismo. La norma –sancionada a fines de 2014– establece la creación de un banco de tierras, la regularización dominial, el freno a los desalojos y líneas de financiamiento específicas para el sector. También avanzará en la conformación de un instrumento similar al Monotributo Social Agropecuario, eliminado por Macri. La agricultura familiar tendrá un rol central en el programa Argentina contra el Hambre.
La Alianza Cambiemos desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y a sus trabajadores y trabajadoras. De un total de 2 mil agentes del Estado distribuides por todo el país (2015), echaron a 1240, sin contemplar les desplazades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde también ejecutaron recortes de personal y presupuestarios. Durante su gestión, el macrismo benefició casi exclusivamente a los grandes sectores concentrados de los agronegocios –los nucleados en la Mesa de Enlace–, cuando en realidad éstos son una minoría en cantidad de productores. Miles de campesinos y campesinas existen por fuera de la Pampa Húmeda.
En la Argentina hay registro de 287.807 agricultores y agricultoras familiares, según el dato relevado por la Secretaría de Agricultura Familiar en su Informe de Gestión 2015, antes de ser desguazada por Cambiemos. De ese total, 135.649 eran mujeres y 152.157 varones; mientras que del conjunto, 59.283 eran representantes de los pueblos originarios. Un amplio universo dedicado a la producción de alimentos, por fuera de los grandes sectores concentrados, que debe enfrentarse a las lógicas impuestas por los jugadores más grandes. Según un trabajo preliminar que elaboran la Fundación Gran Chaco y Redes Chaco junto al CIRAD de Francia y el Centro de Saberes sobre Pastoralismo (PKH-FAO), la AF aporta en el país 300 millones de dólares anuales (19.000 millones de pesos).
Lejos de la idea instalada desde la llamada Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria (FAA) junto a los medios de comunicación hegemónicos, no todo “el campo” es lo mismo ni dichas entidades patronales representaban la quintaescencia de la Patria argentina. Existen “otros campos” y miles de familias en tensión.
¿Los pobres del campo?
El macrismo convirtió a agricultores familiares en “pobres del campo”, tal cual se había hecho en la década del ’90 según la reflexión de Andrea Maggio, directora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar del INTA.
“Todos los programas orientados a la ruralidad eran mitigadores de pobreza porque al agricultor familiar se lo veía como el pobre del campo. El cambio radical fue decir ‘no, no son los pobres del campo’, hay pobreza, sí, pero no son sinónimos pobreza y campesino. Los agricultores familiares son agentes económicos que alimentan a los pueblos, a los alumnos de las escuelas y que además tienen escala. Son el 70 por ciento de las unidades productivas censadas en el país”.
El macrismo rompió las lógicas de construcción territorial de los años anteriores, desmanteló las áreas de la AF en su ministerio y en el INTA. Las políticas sobre el territorio fueron reemplazadas por el “asistencialismo” del Ministerio de Desarrollo. Desde este punto de vista, los cuatro años macristas fueron similares a la década infame del menemismo.
Pero ahora nuevas lógicas de construcción política surcan el suelo argentino. “En el programa ‘Argentina contra el Hambre’ ven a la agricultura familiar no como los que tienen hambre –puede ocurrir casos que sí– sino como el sector que puede contribuir a solucionar el hambre a través de la producción de alimentos”, agrega Maggio. En Concordia, vale un ejemplo, se lanzó la Canasta Alimentar de la economía popular, productos locales, agroecológicos (frutas, verduras, lácteos, mermeladas, etc) que tendrá un valor diferencial para quienes tengan la Tarjeta Alimentar. Un cambio de paradigma.
Las primeras medidas
En diciembre de 2014 fue sancionada la ley que declaró de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en la Argentina (Ley 27.118). Su promulgación resultó un hecho político y simbólico relevante. Legisladoras, legisladores y el Gobierno nacional de entonces hablaron de una “reparación histórica” por considerar a les agricultores familiares actores claves en su “contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.”
El macrismo frenó todo este proceso. Según indicó a Nuestras Voces el nuevo secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, una de las primeras acciones de su nueva cartera será convocar al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena para avanzar en la reglamentación de esta ley que posee entre sus objetivos la creación de un banco de tierras, la regularización dominial, el freno a los desalojos, líneas de financiamiento específicas, etc. La reunión está prevista para los primeros días de febrero.
“Nuestra idea es tener mucha presencia en el territorio, empezar a planificar la producción regional con el enfoque en el abastecimiento local. Regionalizar la Secretaria para que nuestros técnicos puedan ir al territorio para avanzar en los procesos organizativos y salir a buscar a todos los productores que estén en los rincones más alejados del país. Y como algo inmediato, debemos pensar en una herramienta similar al Monotributo Social Agropecuario (MSA) para que se pueda comercializar la producción familiar a través de los circuitos formales”, sostuvo Gómez.
El MSA fue una de las herramientas desmanteladas por el macrismo; abarcaba a 42.242 personas según los datos difundidos en el balance de Gestión 2015 de la SAF. En términos económicos no representaba una gran erogación para el Estado. Por ejemplo, el PBI de la Argentina para el primer trimestre 2018 fue de 708.474 millones de pesos, mientras que el presupuesto para sostener el MSA –que era cubierto totalmente por el Estado– fue de 90 millones de pesos, es decir el 1,2 por ciento del PBI.
El acceso a la tierra
–¿Es viable la conformación de un banco de tierras tal como se propone en la ley de AF? -, le preguntó Nuestras Voces al nuevo secretario del área.
–El banco de tierras es viable; el tema del acceso a la tierra es un tema crucial para nosotros. Si no tenemos el acceso, no podemos hacer nada. El Estado (nacional y las provincias) cuenta con un montón de tierra fiscal que podría ponerse al servicio de las familias que quieran producir alimentos. Sin tierra no hay posibilidad de producción. No queremos que nadie más abandone el campo.
El macrismo tergiversó el objetivo central del banco de tierras, avanzó en su propio relevamiento con el objetivo de rematar campos en beneficio de los negocios agropecuarios/inmobiliarios. Dentro del denominado “Consenso Fiscal” impuesto por Cambiemos a la mayoría de les gobernadores –suspendido por Alberto Fernández apenas asumió la presidencia– se escondió un capítulo pensado para la liquidación de bienes inmuebles (tierras productivas y edificios) en propiedad del Estado y modificaciones estructurales en el manejo de los catastros provinciales, hasta ese momento una potestad de cada jurisdicción.
Bajo los títulos “Determinación del valor fiscal de los bienes inmuebles” e “Impuesto Inmobiliario”, el Poder Ejecutivo planteó la posibilidad de crear una Agencia Federal de Cooperación para el Desarrollo del Sistema de Información Territorial cuyo objetivo sería centralizar la información de los catastros provinciales para definir desde una oficina en la Ciudad de Buenos Aires la valuación de activos estratégicos del país –como las tierras del Ejército puestas a remate– para cederlas a inversores privados.
Las tierras e inmuebles ociosos del Ejército se “liberaron” al mercado a través del decreto 225/17, amparado en otro decreto ley de la última Dictadura Cívico Militar (22.423/1981), todo en clave de emprendimientos inmobiliarios. Esta fue otra de las maneras de atentar contra el desarrollo de la agricultura familiar.
El banco de tierras está asociado a la situación de conflictividad de miles de familias que pugnan por su derecho a producir sin persecución judicial. El informe “Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina” (Bidaseca, 2013) detectó que en el país había 857 situaciones conflictivas vinculadas al acceso a la tierra de les agricultores familiares. De este total, 278 casos involucraban a los pueblos originarios. En total eran 63.843 familias afectadas.
Según el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el 84 por ciento de les productores totales del país acceden solamente al 13 por ciento de la tierra productiva; mientras que el 60 por ciento de productores de hortalizas deben alquilar su espacio de trabajo.
“En Uruguay funciona muy bien el Instituto de Colonización, que es una herramienta que nos permite ver cómo el Estado interviene en el acceso a la tierra para la producción de alimentos. Debemos aprender de lo que otros hacen bien. Y mientras avanzamos en la reglamentación de la Ley de AF debemos impulsar el freno a los desalojos y la regularización dominial. No queremos que nadie más deje la tierra”, refuerza sus conceptos Gómez.
Argentina sin Hambre
Como señaló Maggio, la AF posee un rol protagónico en el programa Argentina sin Hambre. “El sector tiene toda la capacidad para realizar su aporte pero es necesario que el Estado contribuya al desarrollo del valor agregado para la producción de alimentos; son necesarias líneas de financiamiento específicas, el desarrollo de la infraestructura necesaria y acciones concretas para contrarrestar el poder que tiene el sector agroalimentario concentrado. El 1,5% de las empresas aglutina el 80 % del mercado”, sostuvo Diego Montón, integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Somos Tierra y Vía Campesina.
–¿Se le puede disputar espacios de poder y producción a los agronegocios? -, le preguntó Nuestras Voces al referente del MNCI.
–El desarrollo de la agroecología y la fabricación de bio insumos nos parece fundamental. Es importante que el Estado asuma esta política que contribuye a bajar los costos para los campesinos. También hay que impulsar una política de semillas para que este insumo clave no quede bajo control de las transnacionales. Una vez resuelta la problemática urgente del hambre, debemos pensar en la soberanía alimentaria.
En este esquema de soberanía alimentaria, el INTA tiene mucho para aportar. Durante la presentación de la Tarjeta Alimentaria en Concordia, este organismo fue invitado a participar como un actor más. “Esto nos da la pauta de que este nuevo Gobierno tiene otra concepción sobre la ruralidad. A futuro tenemos que poder trabajar no sólo en la extensión y la investigación sino también en la intensificación sustentable, que es producir más sin contaminar tanto con agrotóxicos. Tenemos que pensar estos abordajes de manera colectiva”, concluyó Maggio.
Febrero 2, 2020
Fuente Nuestras Voces