LA POLÍTICA AMBIENTAL SE DERRITE
La modificación de la Ley de Glaciares excede el debate ambiental o económico: es, ante todo, una disputa ideológica. Aprobada en 2010, esa norma ubicó a Argentina entre los países con alto estándar en protección de fuentes de agua. Al ceder ahora el control a las provincias, el gobierno consolida un modelo que antepone los intereses extractivos al bien común y fragmenta la protección ambiental nacional.
Por Sergio Federovisky*
Abril 9, 2026
La modificación de la Ley de Glaciares (1) que el gobierno derechista le concedió a los gobernadores es bastante más que una disposición normativa tendiente a brindar un presunto aliciente para el desarrollo de la actividad minera en Argentina. Puede ser considerado un asunto productivo, puede discutirse en el plano de la protección ambiental, puede debatirse su arista asociada al federalismo, y decenas de etcéteras. Pero es, ante todo y por sobre todo, un asunto de ideología. Es cierto que están en juego las célebres inversiones, la macroeconomía o la suerte del agua potable, según el lado del que se mire este dilema. Sin embargo, lo que se jugó en las últimas semanas alrededor de la regresión de la Ley de Glaciares son las ideas, el modo en que se ve la sociedad y, fundamentalmente, las prioridades en la reconstrucción de un país. Aun cuando lógicamente se verán afectadas o favorecidas, ni las inversiones ni el agua dependen en términos absolutos de la Ley de Glaciares: el terreno de disputa que aquí está en juego es el conjunto de valores y convicciones que define a una época.
A comienzos de la década del 1960, con la publicación del libro La primavera silenciosa, la bióloga Rachel Carson instaló los fundamentos de una nueva ideología. Con su minuciosa descripción sobre los efectos nefastos que el festival de DDT provocaba sobre los pájaros e insectos (que desaparecían), no sólo despertó la furia de aquellos que veían amenazada la modalidad de devastación como camino para la obtención de lucro, sino que sentó las bases para que se cuestionara el modelo y se explicitara la necesidad –y la viabilidad– de diseñar uno que armonizara el vínculo entre la economía y el entorno.
Argentina se acaba de convertir en una confederación de Estados independientes.
Nació a partir de Carson otra mirada. El coro del statu quo se sintió desafiado y ajustó un discurso para defender la supremacía dominante: se tolera al “ambientalismo de bien” pero se cuestiona –como si ellos tuvieran un medidor de pureza ecológica– a los “radicalizados”. Aunque hoy, la mano ultraderecha reinante ni siquiera apela a eufemismos: a la naturaleza hay que arrasarla y hacia allí se dirigen.
Un hito de dicho dilema en Argentina fue la Ley de Glaciares, desde el mismo momento del inicio de su debate allá por 2008. La minería metalífera avanzaba a paso redoblado, los pasivos ambientales se acumulaban y el cambio climático hacía estragos sobre los cuerpos de hielo.
La dimensión legal
La propia existencia de la Ley de Glaciares, aprobada en 2010, puso a Argentina entre los países con alto estándar en la política de protección de fuentes de agua. Demás está decir que el cambio climático nos hace ver a través de toda la información circulante (y académicamente incuestionable) que la pérdida de hielo en el planeta es un efecto insoslayable que afecta la disponibilidad de agua dulce, que hoy representa apenas el 3% del agua disponible en la Tierra. Los glaciares, por su condición de cuerpos de hielo permanentes o semipermanentes, son proveedores de dicha agua dulce en tanto existan: de derretirse de modo definitivo, obviamente, su función desaparece junto con el agua.
En el debate de la Ley de Glaciares en 2010 aparecieron dos sectores, presuntamente enfrentados, decididos a impedirla. Por un lado, obvio, las corporaciones mineras internacionales y sus esbirros locales, cuyos argumentos rozaron siempre la impudicia: “Imaginar un mundo sin minería es pensar en una casa sin paredes ni techo, en un enfermero sin ambulancia, un científico sin computadora…”, rezaba un spot publicitario extorsivo financiado por mineras trasnacionales como Barrick, La Alumbrera y Vale, cuando se debatía la Ley. Del otro lado, también contra la Ley de Glaciares, una vertiente del progresismo productivista, penetrada por la percepción de que la política ambiental es un obstáculo al desarrollo, dio sustento al veto de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 a la primera aprobación legislativa. El fundamento a aquel veto era cristalino: “La prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglaciar saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”. La lógica de esos dos sectores, con mayor o menor brutalidad, respondía a la misma matriz ideológica: las actividades productivas deben tener preeminencia sobre los aspectos ambientales.
El clima de época finalmente se impuso y la ley se aprobó. Pero no cesó la batalla ideológica hasta el día de hoy.
Las benditas inversiones
El contorsionismo propio de la política local hizo que en 2010 parte del “progresismo” votara en contra de la Ley aupado en el fantasma de que frenaría las inversiones. Y que otros la votaran a favor (Patricia Bullrich, por caso) como un ariete contra el gobierno kirchnerista: dieciséis años más tarde despotrican contra la Ley de Glaciares para permitir –ahora sí– que lleguen las benditas inversiones. La tapa de Clarín de este jueves 9 de abril sintetiza esa narrativa: “Glaciares: Diputados aprobó una ley que abre una puerta a inversiones millonarias”.
El área inventariada por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) indica que los glaciares existentes cubren solo el 1% de la superficie del país. Y que apenas el 0,3% del territorio se encuentra bajo protección de la ley que acaba de modificarse. No hay indicios claros, más allá de estimaciones poco fiables y muy fantasiosas, incluso aquellas presentadas por los adalides de la defenestración de la Ley de Glaciares, que sea capaz de señalar el volumen de inversiones que se hubieron perdido por la vigencia de esta norma. Por el contrario, según el propio sector minero, el crecimiento de las exportaciones desde la vigencia de la ley en 2010 es récord absoluto.
Quiere decir que lo que está en juego no es “apenas” un 0,3% del territorio, sino la vocación de eliminar toda restricción a la hora de ir a favor de la actividad extractiva, sea cual sea su consecuencia.
Carlos Maslatón, brutalmente honesto en su postura hiper-capitalista lo definió sin ambages. “No jodan más con los glaciares, el agua y las conspiraciones sobre el agua que sobra en el mundo y mucho más en Argentina. Los recursos naturales están para explotarse a mansalva, no para mirarlos y guardarlos. El comunismo ecologista debe ser neutralizado”, escribió en X. Eso se llama ideología.
La minería provincializada
Dijimos al comienzo que la decisión oficialista de reducir las restricciones en la Ley de Glaciares fue una concesión a las provincias. La base argumental es la controvertida determinación adoptada por la Constitución de 1994 de otorgar el dominio de los recursos naturales a las provincias. Contrariando cualquier criterio ambiental que confirma que la dinámica del ambiente nada tiene ver con los límites jurisdiccionales, esto fue leído y traducido maniqueamente como que “las provincias son las dueñas de los recursos”. Sobre dicha concepción bastante resbaladiza la nueva Ley de Glaciares otorga a los gobernadores poderes supremos sobre sus cuerpos de hielo, incluyendo la posibilidad de determinar su mera existencia.
A partir de ahora, la Ley de Glaciares establecerá protección solamente sobre aquellos que cumplan “funciones hídricas comprobadas y relevantes”. La laxa definición (nadie sabe qué significa “comprobadas y relevantes”) quedará a partir de ahora en manos de las provincias. Las actuaciones del IANIGLA, organismo científico que establecía los parámetros respecto de la actividad y valorización de los glaciares y el ambiente periglaciar en el aporte hídrico, ya no serán vinculantes. La constatación y relevancia de la función hídrica también de las zonas periglaciarias y los glaciares de escombros serán facultades del poder político provincial.
La primera consecuencia de esta determinación es que se pierde todo criterio de uniformidad del territorio nacional. Así se vulnera el concepto esencial de una normativa ambiental que es su facultad para establecer presupuestos mínimos. Las decisiones de una provincia respecto de sus glaciares pueden perforar –hacia abajo, por cierto– los estándares nacionales que fijaba la norma original. En materia de glaciares, Argentina se acaba de convertir en una confederación de Estados independientes.
Como un gobernador puede ahora definir su glaciología de acuerdo a sus propios y particulares criterios, resulta interesante recordar –y de paso confirmar que lleva más de tres lustros esta disputa– el accionar de quien gobernaba la provincia de La Rioja cuando se aprobó la Ley de Glaciares en 2010.
Luis Beder Herrera, que pasó a la posteridad panquequera por ganar las elecciones prometiendo prohibir la minería a cielo abierto y al día siguiente de su triunfo anunció la apertura de la actividad a la multinacional Barrick, afirmó desde su despacho que “en La Rioja no hay glaciares”, para justificar su repentina postura pro minera. Lo desmintió el IANIGLA señalando que había 46 cuerpos glaciarios proveedores de agua dulce sólo en la Sierra de Famatina.
Si a partir de ahora algún gobernador proclamara una sentencia equivalente, la desmentida del organismo científico no sería formalmente tomada en cuenta.
Tampoco sería vinculante la posición de la autoridad ambiental nacional, aunque esto es coherente: el otrora Ministerio de Ambiente es hoy una subsecretaría con nula incumbencia, acorde a los postulados negacionistas del gobierno de Milei.
Una segunda consecuencia de esta provincialización glaciaria es el atentado contra la ecología en tanto ciencia al dar preeminencia a los límites jurisdiccionales por sobre la fisiología de los ecosistemas. Un glaciar no empieza y termina en la masa de hielo que la conforma: más de 1800 localidades –unos 7 millones de habitantes– se benefician del servicio ecosistémico que implica la provisión de agua procedente de dichos glaciares. ¿Puede en ese contexto una provincia considerar aisladamente que tal o cual glaciar merece ser explotado por la minería y así poner en riesgo la provisión de agua a ciudades que están allende sus fronteras?
La nueva Ley de Glaciares invierte el destino: se protege el bien privado (camuflado detrás de las benditas inversiones) a costa del bien común.
Para ponerlo en términos más propios de los fundamentos de toda política ambiental moderna, se rompe con la concepción de que la protección del ambiente correlaciona con la definición de un bien común. Defender los servicios ecosistémicos de un glaciar, un bosque, una cuenca hídrica, el aire o la fauna es la forma de proteger un bien común de la población independientemente de su afectación directa, lo que impone restricciones a aquellas acciones que los pongan en riesgo. La nueva Ley de Glaciares invierte el destino: se protege el bien privado (camuflado detrás de las benditas inversiones) a costa del bien común.
Liberprogresistas
Pensar en esta reforma de la Ley de Glaciares exclusivamente como un ejercicio derivado de la mezcla de privatismo a ultranza y negacionismo ambiental del gobierno libertario indica una mirada sesgada. Operan también, como hemos visto y de manera decisiva, las demandas de caja de gobernadores de distintas procedencias partidarias. Pero, también, intervienen las contradicciones que históricamente han atravesado al peronismo y otros sectores afines que pudieran ser incluidos en un universo muy plásticamente definido como “progresista”.
El peronismo puede blandir aquel discurso iniciático del General en 1972 incluyendo el ambiente en algún decálogo del movimiento y la creación del primer dispositivo gubernamental en la región, a cargo de la pionera Yolanda Ortiz. Pero también, y de modo inocultable, despertó a partir de entonces la tensión no resuelta aún entre sus genes industrialistas y desarrollistas acuñados en la posguerra y las demandas ambientales de la época. Entre los teóricos más proclives al diseño de un país con uso intensivo de los recursos naturales para propender a la estrategia de la exportación de los productos “que demanda el planeta y que solo nosotros tenemos” se moderó la controversia apelando a la zanahoria del agregado de valor local y la incorporación del “cuidado del ambiente” como antídoto. Los resultados ambientales de ese modelo, medidos en el indicador que se desee elegir (calidad de los cursos de agua, proliferación de pasivos ambientales, pérdida de biodiversidad, más cualquier etcétera que se quiera añadir), revelan que dicho camino intermedio no fue eficaz. Por el contrario, dejan claramente expresado en numerosas situaciones –desde el escaso apego al cumplimiento de la ley de bosques hasta la promoción de tecnologías productivas desechadas en el mundo desarrollado por su baja performance ambiental– que para el “progresismo” la política ambiental sigue siendo percibida como un escollo para el despliegue de las fuerzas productivas antes que un activo para promover un nuevo modelo de desarrollo. De ahí que ambientalmente hablando (y no solamente) la proclama de retornar a una matriz que dio lugar a la Argentina de hace setenta años suene algo anacrónica, es decir no exactamente representativa de un mundo al borde del colapso ambiental y la exigencia de la sociedad de estar a la altura de ese desafío.
La nueva Ley de Glaciares quizás promueva inversiones que ampliarán la lógica de enclaves, aunque ahora con un daño irreversible sobre un bien común. Quizás favorezca ciertos aspectos de la macroeconomía cuando se consoliden valores de exportación de minerales que viajarán como cohetes desde el territorio en el que son extraídos hasta el sitio de donde sea que se demanden. Quizás también mejore la performance impositiva de algunas provincias y conceda a sus gobernadores de una palanca de usos múltiples.
Aun con todos esos “beneficios” habrán ganado quienes continúan interpretando a la naturaleza como la presa y a los intereses económicos concentrados, el predador. La opción de diseñar un vínculo armónico entre la sociedad y el ambiente seguirá quedando como deuda. Y como desafío.
1. [N. de la R.] Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticia/LA-CAMARA-DE-DIPUTADOS-CONVIRTIO-EN-LEY-LA-MODIFICACION-DE-LA-LEY-DE-GLACIARES/
* Biólogo, periodista ambiental, viceministro de Ambiente de la Nación entre 2019 y 2023.
Fuente © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur