CINCO AÑOS CON ABORTO LEGAL: SOSTENER DERECHOS MIENTRAS LA DERECHA AVANZA
A cinco años de la aprobación de la ley 27.610, registramos los avances y retrocesos en su aplicación. Redes de solidaridad que no aflojan e intentos de desmantelarla.
Diciembre 30, 2025
Hace cinco años la tierra tembló bajo nuestros pies e hizo erupción un volcán dormido, escupiendo su lava verde por encima de la multitud. Gritos, glitter, canciones y llantos. El 30 de diciembre de 2020, 38 senadores (entre ellos Cristina Fernández de Kirchner) dieron su voto positivo para que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo, 29 estuvieron en contra y hubo una abstención. Quince días después se promulgó el proyecto del Ejecutivo, presentado por el expresidente Alberto Fernández, con la ayuda de la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, consagrando a la Argentina como el país más grande en Latinoamérica en contar con aborto legal.
En el debate del Congreso participaron legisladores y expositores de diferentes posturas: 810 en diputados y 802 en senadores. Más de 4,5 millones de personas vieron el debate en vivo a través de los canales oficiales. La legalización social fue total: el apoyo llegó desde los lugares más inusitados y ni siquiera la presión de tener un Papa argentino pudo contra la pujanza de los feminismos. La agenda se revolucionó e incluso los más conservadores debieron hablar del tema. El 2020 fue un año verde, todo verde. Desde la aprobación de la ley hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a la interrupción legal del embarazo en instituciones públicas de salud.
Sin embargo, a cinco años de ese icónico día, el panorama se volvió oscuro tras el ascenso de Javier Milei al poder. Sus discursos de odio -llegó a declarar que el aborto era un homicidio agravado por el vínculo- y una nueva oleada conservadora consolidada resultan en un diagnóstico poco alentador: las políticas de salud sexual y reproductiva padecieron fuertes recortes presupuestarios en 2025. Entre ellos el cierre del Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente que logró la reducción del 50% en la tasa específica de fecundidad adolescente entre los años 2018 y 2023. El mismo había repartido 55.700 métodos anticonceptivos de larga duración en 2021 y una cantidad similar en 2022.
“El panorama es negativo ya que las políticas públicas no se están llevando a cabo por el gobierno nacional”, asegura Gío Eiriz, integrante de la regional CABA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “La ley se está cumpliendo pero los insumos para garantizar la práctica (misoprostol y mifepristona) ya no se compran de manera nacional, lo que determina que cada provincia tenga la libertad de decidir si provee o no los medicamentos”, explica. La situación recrudece en las provincias más conservadoras. En Salta, el acceso al aborto legal cayó un 17% en 2024. A su vez, mientras el total de las IVE en la provincia bajan, las interrupciones en niñas y adolescentes tempranas no lo hacen.
“Hoy las provincias más conservadoras están avaladas a tener una política anti derechos e incluso están cometiendo el delito de incumplir la ley, aunque lamentablemente no tienen consecuencias”, continúa Gio. “Si bien desde que se sancionó la ley nosotros seguimos en campaña por la plena implementación, hoy el acceso es muy desigual”.
“En estos cinco años hemos mejorado mucho los mecanismos de acompañamiento gracias a las posibilidades que abrió la ley”, relata por su parte Julieta Bazán, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y médica especialista en medicina general y familiar. “Gracias a la legalización del aborto, Argentina comenzó a tener medicamentos propios y ya no depende de donaciones. También logramos que se sumen nuevos efectores de salud a realizar la práctica porque, al ser una normativa nacional, este procedimiento se tiene que garantizar en todo el territorio de manera federal”. Sin embargo, advierte que, con el cambio de gestión, uno de los primeros recortes fue en el programa de Salud Sexual Integral.
Foto: Virginia Robles
El informe “También es por vos”, de Amnistía Internacional, registró que -entre 2024 y 2025- hubo una reducción del 81 % en la provisión de métodos anticonceptivos y tests de embarazos y un aumento de casos de obstrucción de interrupciones voluntarias y legales del embarazo. “Desde sus inicios, el gobierno nacional incorporó la lucha contra la llamada ideología de género como eje central de su agenda política e institucional. Amparado en esta retórica, ha impulsado procesos de desmantelamiento progresivos de la política pública destinada a garantizar la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva mediante la eliminación de programas estratégicos y la drástica disminución de recursos”, resaltaron desde esta organización.
En cuanto a la provisión de insumos, las entrevistadas aseguran que hay una decisión nacional de no comprar mifepristona y misoprostol. Según el documento “Reporte anual 2024: la ley a toda costa”, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), durante ese año casi todas las provincias debieron realizar compras propias de medicamentos para sostener los servicios acorde a las recomendaciones de los protocolos. San Luis y Santa Fe contaron con misoprostol de producción pública. Santa Fe, además, produjo mifepristona por primera vez, cuestión que fue aprobada para uso provincial en los últimos meses de 2024.
“En este momento hay un vaciamiento total de la ley, a tal punto de que no es necesario derogarla porque la desfinancian”, subraya Gio. Aún con las dificultades señaladas, el aborto con medicamentos -particularmente con misoprostol- fue el procedimiento reportado más frecuentemente. Esta tecnología segura permite que la persona gestante -hasta las 12 semanas de embarazo- pueda realizarlo de forma ambulatoria.
Consultada sobre si el avance de la derecha pone en peligro la despenalización social -forjada en base a pañuelazos, vigilias y discusiones familiares-, Gio Eiriz asegura: “Si hay algo que logramos, incluso antes de que sea ley, fue la despenalización social, por toda la militancia que hicimos. Es verdad que hay territorios más conservadores, pero logramos un cambio de conciencia colectivo y ese es el capital que tenemos hoy”.
03 Foto: Virginia Robles
En septiembre del 2025, el Ministerio de Salud de la Nación emitió algunos datos como respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Allí se ve que los resultados del Censo 2022 muestran un descenso muy pronunciado del porcentaje de adolescentes madres en comparación con los del Censo 2010: de 13,1% a 6,4%. A su vez, 578 es el número de efectores que dieron acceso a IVE (interrupción voluntaria del embarazo) o ILE (interrupción legal del embarazo) en 2024, sin contar con información de 6 provincias. El número de muertes maternas por embarazo terminado en aborto pasó de 25 en 2019 a 18 en el 2023.
Judicializaciones, evangelistas y oleadas conservadoras
Según CEDES, desde 2018 se presentaron 38 causas judiciales contra la Ley 27.610. De éstas, 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema. Es decir, en la mayoría de los casos los tribunales reafirmaron la constitucionalidad de la ley y rechazaron intentos de regresión.
“Las judicializaciones no prosperan pero generan discursos de odio”, advierte la médica. “Es un desgaste de energía estar todo el tiempo subrayando que la ley está aprobada y que debe ser garantizada por el Estado. Nosotras luchamos porque la ley esté incluida en el presupuesto en todas sus etapas. Con el avance de los discursos de odio eso está en peligro porque, si no tenés los insumos y hay tanta presión de los sectores antiderechos, los efectores temen a ser estigmatizados y es un problema”.
La Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) es el primer instrumento validado y estandarizado para medir el acceso y la calidad de los servicios de aborto en todos los subsectores del sistema de salud argentino. Fue diseñada por el Proyecto Mirar en 2022 y realizada desde los años 2023 a 2025 con un total de 904 casos. Esta experiencia indica que 8 de cada 10 personas encuestadas accedieron dentro del plazo fijado por ley, aunque casi la mitad tuvo que pagar parte de los servicios.
En ese sentido, vale rescatar la interseccionalidad de la problemática: no es lo mismo acceder a un aborto en una zona rural, siendo una mujer pobre, indígena o migrante que hacerlo en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires.
“La situación es desigual”, advierte Gio. “Hay prepagas que cumplen la ley, pero hay muchas otras que no lo hacen o no te dan el reintegro. Eso va empujando a que la decisión esté condicionada y finalmente la persona tenga que seguir gestando y pariendo en contra de su voluntad”. “El aborto es una cuestión de justicia social. Así que, si no se cumple la ley, las que van a tener que seguir gestando y pariendo aunque no lo deseen van a ser las personas pobres. Están empujando nuevamente a esas mujeres a prácticas inseguras para su salud”, sentencia.
Foto: Virginia Robles
Por su parte, Bazán subraya: “Si las personas gestantes van a la salita y no hay medicamentos, van a la farmacia y no los pueden pagar, terminan volviendo a procedimientos peligrosos. Este desfinanciamiento de políticas públicas hace que las personas pobres se sigan exponiendo a prácticas riesgosas, cuando ya es un derecho. La brecha está empezando a crecer otra vez”.
Como explica la periodista Giselle Leclercq en el medio feminista LatFem, este año -por primera vez- doce bancas del Congreso Nacional están ocupadas por legisladores evangélicos. Sin embargo, la articulación entre sectores evangélicos e iglesias católicas llegó en 2018, justamente cuando se debatió por primera vez en el Congreso la legalización del aborto. “En el único asunto que parece haber consenso es en materia de derechos sexuales y reproductivos y en la defensa de la institución familiar tradicional. En el amplio abanico de vertientes que confluyeron en LLA, los evangélicos se ubican más cerca del conservadurismo”, se lee.
Julieta explica que muchas veces las iglesias entran a las instituciones estatales abogando por la ley de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como 1000 días,que tiene como objetivo fortalecer y acompañar las medidas de cuidado de la vida y la salud de las mujeres embarazadas y de los niños durante sus primeros tres años. En ese sentido, afirma, apelan a la religión para forzar a las mujeres a parir. “El avance de las derechas va más allá de las creencias en sí, lo peligroso es decir que las personas con capacidad de gestar solo podemos tener un modelo de vida reproductivo. Se meten con el derecho a la autonomía. Son políticas de odio diciendo cómo debemos vivir”, agrega Julieta.
Foto: Cristina Sille
“Creo que están preparando el terreno para retroceder y ganas no les faltan. Sabemos que los legisladores evangelistas van a tratar de imponer sus creencias como políticas públicas. Es preocupante el avance de la Iglesia en todos lados, pero tenemos una ley que es muy fuerte. Los intentos de judicialización no tienen arraigo y todos los amparos se cayeron porque no se pueden agarrar de nada. Ahí va a tener que ver con la correlación de fuerzas que podamos crear. Nosotras nos posicionamos siempre a la positiva frente al Estado que debe garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, continúa Gio. “Las millones de mujeres que estuvieron en las calles no van a dejar que vengan por la ley. La despenalización social no retrocedió, aunque entiendo que nos quieran hacer creer eso. La ley sigue estando vigente”, concluye.
En un momento donde la lucha por el aborto vuelve a estar en los medios gracias a la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi y recientemente agregada a la lista chica de los Oscar, la situación fuera de la pantalla pronostica tormenta. Sin embargo, a cinco años de uno de sus mayores triunfos, la fuerza de los feminismos demuestra que no está agotada y piensa seguir luchando por que se cumpla la ley. La Campaña está activa y dando batalla para que nunca se borre la consigna que llevan estampados sus pañuelos verdes: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.