MILEI VOLVIÓ A ATACAR EL DERECHO A HUELGA CON UN DECRETO QUE IMPONE UNA REFORMA LABORAL ENCUBIERTA
Por Redacción de AGNPrensa
Mayo 21, 2025
El gobierno libertario reactivó por la puerta trasera el polémico artículo 24 del DNU 70/2023 que la Justicia ya había declarado inconstitucional. Lo hizo mediante el decreto 340/25, publicado este martes en el Boletín Oficial, que supuestamente regula un “régimen de excepción” para la marina mercante. Sin embargo, la maniobra incluyó un cambio sorpresivo en la Ley 25.877 que limita el derecho constitucional a huelga, al imponer prestaciones mínimas del 75 % para los servicios esenciales y del 50 % para los de “importancia trascendental”.
El nuevo texto impone que en los servicios considerados esenciales “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75 %) de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Para los casos de “importancia trascendental”, el piso se eleva al 50 %.
Entre las actividades que el gobierno incluyó como esenciales aparecen sectores estratégicos como el transporte marítimo, el dragado, el control portuario, las telecomunicaciones, la educación, los servicios de salud, la energía y el comercio exterior. La inclusión de este artículo en una norma que, en teoría, se refería a la política naviera, generó sospechas por parte de expertos y sectores sindicales. La jugada fue doblemente irregular: por un lado, el Poder Ejecutivo reeditó una medida ya suspendida por la Justicia; por otro, lo hizo en un decreto cuyo objeto no guarda relación con la legislación laboral.
Desde el sector sindical calificaron la maniobra como “un intento burdo de reponer por decreto una cláusula que ya fue declarada inconstitucional”. El artículo no fue parte de un proyecto de ley ni se discutió en el Congreso, lo que refuerza el carácter arbitrario de la decisión.
Además de vulnerar el derecho de huelga, la medida busca blindar el negocio de la marina mercante, recientemente extranjerizado por la misma norma. El DNU 340/25 permite que buques con bandera extranjera operen en rutas de cabotaje, desplazando a la flota nacional y favoreciendo intereses foráneos. La entrega de soberanía y la destrucción de empleos locales van de la mano con la represión preventiva de cualquier posible protesta.
Desde sectores críticos advirtieron que se trata de una “doble trampa”: se impone una reforma laboral encubierta en una norma naviera y, a su vez, se refuerza el avance privatista y extranjerizante del libertarismo. La estrategia de Milei y Sturzenegger apunta a consolidar el modelo de “mercado total” sin interferencias sindicales, sociales ni institucionales.
Para el constitucionalista Gustavo Ferreyra, “la inclusión de esta modificación en un decreto que trata sobre la marina mercante es una burla al orden jurídico. No tiene nada que ver. Y la jurisprudencia ya es clara: no se puede restringir el derecho de huelga por vía reglamentaria ni por DNU”.
En lugar de convocar al Congreso o abrir un debate público, el gobierno libertario eligió nuevamente el atajo del decreto y el disciplinamiento. Mientras tanto, avanzan las pérdidas de soberanía, la precarización laboral y el vaciamiento institucional.
Fuente AGNPrensa